El nuevo terremoto político que sacude el país empezó la madrugada de este lunes en el noveno piso del edificio del Ministerio Público, en el centro de Lima, donde se ubica el despacho de la fiscal general Patricia Benavides.
Eventualmente enterada de que el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) realizarían una operación que acabaría con la detención de sus asesores, la magistrada citó a su círculo más cercano para sostener una reunión de urgencia, según el cuaderno de ocurrencias.
La cita, que empezó sobre las 20:30 horas del domingo y acabó cerca de las 4:00 horas del lunes, acabó con la destitución de la fiscal Marita Barreto, jefa del equipo anticorrupción que ejecutó la operación ‘Valquiria V’ y que sindica a Benavides como la cabeza de una red criminal que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” durante al menos en tres ocasiones: para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación por el Congreso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
‘Valquiria V’ acabó con la detención de Jaime Villanueva, mano derecha de la fiscal de la Nación, quien, según un documento judicial, entre agosto y octubre de 2022 realizó coordinaciones con al menos 11 parlamentarios de las bancadas de Avanza País, Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Bicentenario y Podemos Perú, de acuerdo con El Comercio.
La acción se replicó con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada. La información recabada hasta el momento refiere, además, que los diputados José María Balcazar (Perú Bicentenario), Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Gladys Echaíz (Renovación Popular) recibieron a los asesores en sus oficinas del Legislativo.
Mientras se efectuaba el operativo, dos fiscales supremos pidieron la renuncia de Benavides, algunos congresistas comenzaron a pedir un adelanto de elecciones y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que puede cesarla, convocó a una sesión permanente para evaluar posibles acciones (al cierre de esta nota, la reunión seguía).
En medio de esos vaivenes, la fiscal general grabó un pronunciamiento en el que señaló que la investigación en la que está incursa es un “ataque premeditado” y un “intento torpe” de los “poderosos que no quieren ser investigados”.
“Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”, dijo en una posible alusión a la jefa de Estado.
“Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Este acto torpe pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales”, remarcó, acompañada únicamente por dos fiscales supremos.
De igual modo, anunció que presentó una denuncia al Congreso contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, una acusación constitucional que también salpica a otros tres exministros del Interior que ocuparon esa cartera durante las protestas.
Casi cuatro horas después, Boluarte se ubicó al lado de su Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno para señalar que esta denuncia es una “deleznable maniobra política” con la que Benavides pretende “distraer la atención” ante la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
La mandataria señaló que le causa “extrañeza” que la denuncia “haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones”, aun cuando el viernes último fue notificada sobre la prolongación de la investigación para los próximos ocho meses.
Asimismo, agregó que las investigaciones que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo “deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal” en una alocución que marca, además, un encontronazo inédito entre las dos mujeres más poderosas del país.
Denunciada constitucionalmente, invocada a presentar su dimisión por los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena, rechazada por un grupo de ciudadanos, Benavides tiene un futuro incierto: en caso de que no ceda a las presiones y dimita, podría ser cesada por la Junta Superior de Fiscales o por la JNJ. Mientras tanto, el aparato fiscal sigue temblando.
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