CNDDHH condena “uso político” de muertes durante protestas por parte de Patricia Benavides y Dina Boluarte

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó el “uso político” de las muertes durante las protestas en contra del Gobierno, por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la presidenta de la República, Dina Boluarte.

La organización critica que se esté utilizando “la memoria de las 50 peruanas y peruanos asesinados por los agentes del orden en las últimas protestas. A Dina Boluarte y Patricia Benavides les exigimos respeto al dolor de sus familiares y justicia”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

También pidieron la renuncia de la titular del Ministerio Público porque “obstruye la justicia y genera impunidad al firmar la salida de la fiscal Marita Barreto que la investiga junto a sus asesores y cúpula de poder”.

“Es la peor crisis de la Fiscalía ante la evidencia de la corrupción otra vez en la cabeza del Ministerio Público. Exigimos que la Junta de Fiscales Supremos la retire del cargo”, establecieron.

Asimismo, la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre del 2022, en Ayacucho, también mostraron su rechazo a esta denuncia, ya que “no representa la realidad de los hechos ocurridos”.

“Por el contrario, expresa un acto de impunidad e injusticia porque solo se ha considerado en dicha denuncia a dos agraviados asesinados, excluyendo a ocho (...). Esto, además de no incluir a los más de 70 heridos por armas de fuego, todo ello a pesar de que existe abundantes pruebas audiovisuales de los asesinatos y lesiones”, se lee en la carta.

“(Esto) evidencia un manejo no objetivo de la investigación fiscal, sino, por lo contrario, basado en intereses propios de la mencionada. (...) Con estos hechos comprobamos que este equipo fue creado especialmente para otros intereses, y no para favorecer el acceso a la justicia de los 10 asesinados y más de 70 heridos. Exigimos sus renuncias a sus cargos y funciones”, indica la organización.

Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía está investigando a Patricia Benavides por supuestamente liderar una organización criminal de tráfico de influencias, la fiscal emitió un pronunciamiento donde descartó renunciar y anunció que había presentado una denuncia constitucional contra la presidenta.

En este documento, se determina que la jefa de Estado es autora de homicidio calificado en agravio de Sonia Aguilar Quispe, Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, José Luis Aguilar, Christopher Michael Ramos, Rosalino Flores Valverde, y de lesiones graves contra Renato Murillo Reyes.

En el caso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a él se le acusa de que ser autor del presunto delito de homicidio calificado, en su condición de ministro de Defensa, en contra de José Luis Aguilar Yucra y Christopher Ramos Aime.

El exministro del Interior, Vicente Romero, que fue censurado recientemente por el Parlamento, es acusado de haber cometido homicidio calificado contra Raúl Santisteban y Sonia Aguilar. Los anteriores titulares de la misma cartera, César Cervantes y Víctor Rojas, podrían ser autores de lesiones graves en agravio de Renato Murillo y de homicidio calificado contra Rosalino Florez Valverde, respectivamente.

Ante estas imputaciones, Boluarte respondió que “es sospechoso y grave” que se presente la denuncia luego de que dos fiscales supremos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, exigieran la renuncia de la fiscal de la Nación.

“Expresamos nuestra condena ante tal deleznable maniobra política con la que, utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la Nación respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, manifestó en un mensaje en vivo.