Desde el Ejecutivo decretaron nuevas medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana, en particular, para frenar la ola de extorsiones que atemorizan a miles de ciudadanos día tras día.
De acuerdo a la División de Estadísticas de la DIVEST-DIRTIC-PNP, entre enero y septiembre de 2023 se denunciaron un total de 11.246 casos de extorsión. Esta cifra superó con creces a lo registrado en todo el 2022, año en que se totalizaron 10.070 casos.
Para combatir el desborde de esta clase de crímenes, en sesión de Consejos de Ministros, desarrollada en el Palacio de Gobierno el último lunes 27 de noviembre, se puso en la mira a los teléfonos celulares que hayan sido utilizados para realizar extorsiones.
¿Qué pasará con los celulares utilizados para extorsionar?
A través de un decreto legislativo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobó la posibilidad de requerir la baja de los números telefónicos, que estén involucrados en llamadas o mensajes extorsivos, a las empresas operadoras.
Para conseguirlo, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), el Poder Judicial o el Ministerio Público deben actuar de oficio o solicitar el cese del servicio.
Cabe precisar que este actuar solo procederá si es que se advierte que dichas líneas telefónicas han sido utilizadas para promover, facilitar o consumar el referido delito que ocurre con más frecuencia en Lima, Piura y La Libertad.
Responsabilidades legales
El decreto legislativo también señala que los operadores telefónicos podrían tener responsabilidades legales en relación a la identificación y registro de los abonados, así como por el personal que interviene en la contratación de sus servicios.
“La identidad de los titulares de las contrataciones de nuevos números telefónicos se validará ahora previa verificación de la información biométrica con la que cuentan el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Dirección Nacional de Migraciones”, se lee en el portal de la PCM.
Por último, en el mencionado decreto aprobado, se ordena incorporar el artículo 222-D al Código Penal, en busca de “sancionar la posesión ilegítima de dispositivos telefónicos con el fin de adulterar, reemplazar, duplicar o modificar su código IMEI”.
Hasta 30 años de cárcel
Como se recuerda, en el mes de octubre, el Ejecutivo estableció duras penas de prisión, hasta por 30 años, para los delincuentes que roben un teléfono móvil en los casos más graves.
Esta medida resaltó como una de las formas en que la gestión de Boluarte Zegarra buscaba frenar uno de los delitos más frecuentes que se registra en el país. De acuerdo a datos de la PNP, en un día se roban un promedio de 4.754 celulares, esto equivale a 198 móviles por hora.
Jesús Manuel Pérez Escalona, de nacionalidad venezolana, fue el primer procesado con el Decreto Legislativo N.° 1578 luego de ser capturado por arrebatarle, a bordo de una motocicleta, su dispositivo a un ciudadano que se encontraba en una vía pública del Callao.
“Así también, la pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años si el robo es cometido con la agravante descrita en el párrafo anterior, usando vehículos motorizados (numeral 6 del segundo párrafo del artículo 189° del Código Penal)”, menciona el comunicado de la Corte Superior. Trascendió que Pérez Escalona ya contaba con nueves denuncias policiales, entre ellas, por violencia familiar y hurto.
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