El jefe del gabinete, Alberto Otárola, rechazó este lunes la invocación de la diputada Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) para adelantar las elecciones con “urgencia” ante la detención de un asesor de la fiscal general, Patricia Benavides, sindicada como lideresa de una organización criminal de tráfico de influencias en la cúpula del Ministerio Público.
“Son reacciones políticas a una situación política. La institucionalidad está funcionando. Creo que estamos asumiendo un alto sentido de responsabilidad por conservar el sistema democrático, el estado de derecho y las libertades políticas. Los poderes del Estado no podemos caer en la tentación de enfrentarnos a raíz de la situación de una señora que trata de escabullir su responsabilidad trayendo una denuncia contra nosotros”, declaró el premier en una entrevista con RPP.
Paredes, quien ha comparado el encontronazo entre la presidenta Dina Boluarte y la fiscal de la Nación con el guion de una novela mexicana, lideró en el pasado un pedido público para que Benavides presente sus tesis con las que obtuvo sus grados académicos, pese a que estos documentos han sido declarados como no habidos.
Su iniciativa legislativa del adelanto electoral fue presentada en agosto pasado y, a la fecha, se mantiene a la espera de ser debatida en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside la fujimorista Martha Moyano. “Urge hoy más que nunca ante grave crisis institucional. La fiscal de la Nación se habría dedicado al cabildeo político congresal. Tiene que dejar [el cargo] de inmediato”, exhortó.
Previamente, el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac) habían detenido a Villanueva y allanado viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de Benavides, como parte de la investigación de la presunta organización criminal “enquistada en la alta dirección del Ministerio Público”.
De acuerdo con la tesis fiscal, esta red buscaba influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, “para fines ilícitos”.
En respuesta a la investigación, la magistrada destituyó a la fiscal Marita Barreto como jefe del Eficcop y también a Villanueva como su asesor. Después, a través de un mensaje grabado, aseguró que la operación fue “un acto torpe” para intentar bloquear las investigaciones que sigue contra los máximos representantes del Gobierno por las muertes en las protestas.
Y en ese mismo mensaje presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra Boluarte, Otárola y otras altas autoridades. “Lo digo con todas sus letras. Nos vamos a presentar ante cualquier instancia para poder sostener lo mismo: no hay una sola imputación contra nosotros”, señaló el primer ministro al respecto.
Gran parte de la plancha ministerial ha rechazado esta acción fiscal. Incluso, la misma mandataria señaló que la decisión de Benavides es una “deleznable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la ciudadanía en medio de la red criminal denunciada en su institución.
A raíz de esta pesquisa, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron a la magistrada dimitir a su cargo para “no afectar la investigación”, mientras que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la judicatura, se encuentra en sesión permanente para evaluar las acciones que le competen.
La permanencia de los integrantes de la JNJ pende de un hilo, después de un proceso sumario del Congreso que le atribuyó irregularidades y busca su destitución, pese al rechazo de diversas entidades peruanas y multilaterales.
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