La denuncia constitucional formulada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en contra de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola, por las muertes en las violentas protestas antigubernamentales, entre diciembre del año pasado y los primeros meses del 2023, solo demostraría que es parte del ‘juego político’.
Esta es la reflexión de analistas y otros personajes políticos, tras conocer que la aún titular del Ministerio Público decidió ir por el recurso de la denuncia constitucional en contra de la mandataria peruana, a quien parece ahora estar enfrentada. Semanas atrás, Benavides pedía más tiempo para investigar en este caso, lo que -para algunos- significaba dilatar el proceso, pero ahora todo dio un vuelco.
“La fiscal Benavides tira la pelota a la cancha del Congreso que tendrá que decidir sobre la acusación constitucional presentada por ella contra la presidenta Boluarte y el premier y sobre la presentada contra la propia Benavides. Son una coalición. ¿Se van todos o nadie?”, dijo el analista político Gerardo Távara, a través de sus redes sociales.
La abogada y periodista Rosa María Palacios también se pronunció: “En la paranoia de la fiscal de la nación, la traidora es Dina Boluarte. ¡Y la acusa! (y es inconstitucional). No es que no haya materia. Son 49 fallecidos. Pero Patricia Benavides garantizaba a la presidenta, sino impunidad, al menos dilación. ¿Se acabo el pacto?”.
“Busca desviar la atención”
En tanto, Ana Neyra, exministra de Justicia, cuestionó que, anteriormente, Benavides parecía no tener mucho interés en darle celeridad y fortalecer la investigación contra Boluarte por las numerosas muertes en las protestas sociales.
“Una autoridad que ha tomado todas las decisiones para debilitar las investigaciones por la responsabilidad de las muertes en la represión violenta de las protestas, ahora pretende instrumentalizarlas para permanecer en el cargo pese a su participación en la negociación de votos”, señaló.
“Y hay algo muy importante: En general, suelen haber pactos políticos para los votos de congresistas; el problema es qué se ofrece a cambio. Dinero, contratos públicos, archivo de investigaciones fiscales o de denuncias no son aceptables, si se pretende obrar dentro de la ley”, añadió.
A su vez, la congresista Flor Pablo Medina aseguró que ‘es evidente” que Patricia Benavides busca desviar la atención al formular una denuncia constitucional de ese tipo contra Boluarte y sus ministros.
“Es evidente que la fiscal de la nación busca desviar la atención al plantear una denuncia constitucional, sabiendo que la presidenta solo podrá ser investigada, mas no acusada. Esta es una forma de eludir las acusaciones por actos de corrupción, que deberían llevar a la suspensión de Benavides por la Junta Nacional de Justicia”, expresó.
“Es realmente bajo utilizar políticamente la muerte de 49 peruanos ocurridas durante las protestas sociales de diciembre y enero, cuyas familias siguen exigiendo justicia casi un año después”, acotó.
Todo dio un sorpreviso vuelco
El pasado 23 de octubre, Benavides amplió de manera excepcional la investigación preliminar contra la mandataria peruana por ocho meses más, en el marco del caso que la involucraría con las muertes ocurridas en las protestas sociales y le imputa los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La prórroga, de acuerdo a fuentes fiscales, era porque el Ministerio Público solo había hecho 20 % de las diligencias totales y faltaba que declararan más de 300 testigos. Casi mes mes y medio después, ya entre graves acusaciones en su contra y pedidos de renuncia, Benavides cerró la investigación del caso y denunció constitucionalmente. Practicamente en tiempo récord, aseguran los analistas.
En un pronunciamiento oficial, durante la tarde del lunes 27 de noviembre, la presidenta Boluarte afirmó que “causa extrañeza que haya sido presentada luego de que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción”.
Boluarte, además, calificó la denuncia de “deleznable maniobra política, con la que, utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la fiscal de la nación”.