Dina Boluarte emitió un pronunciamiento este lunes 27 de noviembre por la tarde, luego de conocerse la denuncia constitucional que le interpuso la Fiscalía de la Nación por las muertes ocurridas en manifestaciones contra su gestión. Más temprano, en un día cargado, la mandataria había pedido que se acabe con todo indicio de corrupción, y que su gobierno trabaja para ello.
La mandataria inició explicando que su mensaje se daba debido ante los acontecimientos sucedidos en la madrugada de hoy lunes, respecto a las graves denuncias hechas contra el equipo de la fiscal de la Nación, y la orden de medidas restrictivas y allanamiento dispuestas por el Poder Judicial en atención irrestricta de su autonomía.
La mandataria expresó su “pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, incluidos la independencia del Ministerio Público y de los procesos que se resuelven en sus fueros internos”.
“Las investigaciones iniciadas en el Ministerio Público, que comprometen con graves imputaciones a la fiscal de la Nación y su equipo, deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y objetividad y respetando el debido proceso legal”, apuntó.
Agregó que su gobierno siempre va a apoyar la gestión de jueces y fiscales honestos y competentes, y aseguró que son enemigos de la corrupción e impunidad, “venga de donde venga”. En ese sentido, ratificó el compromiso de lucha frontal contra la corrupción sin injerencias ni presión política, como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegaría hasta la fiscal de la Nación.
Con relación a la denuncia constitucional por la fiscal de la Nación, Boluarte indicó que le “causa extrañeza que haya sido presentada luego de que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción”.
“Es preciso anotar que el pasado viernes 24 de noviembre fui notificada con la disposición número 9 en la que la fiscalía de la Nación me comunica la decisión de desacumular, desagregar o separar mi caso, prologando la investigación para los próximos ocho meses. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y hoy se denuncie ante el Congreso. Es sospechoso y grave que se presente luego de que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la fiscal de la Nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros”, precisó.
En ese sentido, expresó la condena “ante tan deleznable maniobra política con la que, utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la fiscal de la Nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”.
Finalmente, convocó a las autoridades políticas, jurisdiccionales, al Congreso de la República, a la sociedad civil a defender el estado de derecho, estabilidad y los derechos fundamentales de los 33 millones de peruanos y peruanas. Llamo a la calma, a la serenidad y encuentro reconciliados entre todos los peruanos.
Antecedentes
Más temprano, en un pronunciamiento oficial, la fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta, sindicada como presunta autora de la comisión por omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio calificado durante las protestas en contra de su gobierno. También está comprendido el entonces ministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otárola.
Benavides resaltó que su decisión se basa en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Aseguró que continuará en su puesto defendiendo la autonomía del Ministerio Público frente a lo que considera una intromisión indebida del Ejecutivo. La titular de la fiscalía reiteró su compromiso con la justicia y la legalidad en el país, en medio de una serie de enfrentamientos entre el poder ejecutivo y otros órganos del Estado peruano.