¿Por qué existe demora en la búsqueda de los desaparecidos en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000?

Hace unos meses, desde la región Junín, reportaron el hallazgo de los cadáveres de once comuneros que fueron asesinados en 1992 por miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. Hasta la fecha, estos son los últimos restos exhumados, y devueltos a sus parientes, de aquellos que desaparecieron durante el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000.

Han pasado más de 20 años y solo se ha concluido o resuelto la búsqueda de 2.718 personas, de los 21.918 individuos que fueron reportadas como desaparecidos en el territorio nacional durante la época del conflicto armado interno, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Esto quiere decir que cerca de 19 mil familias aún no logran reencontrarse con los restos, o ubicar el paradero, de sus seres queridos. María del Carmen Vega Dulanto, especialista en antropología forense y bioarqueología de la Escuela de Posgrado PUCP, explicó a Infobae Perú los motivos por los que esta búsqueda avanza a paso lento.

En el mes de agosto, durante la presentación del balance de las tareas cumplidas y pendientes sobre las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la Defensoría del Pueblo precisó que la búsqueda de los fallecidos y desaparecidos demora debido a la falta de presupuesto y compromiso por parte del Estado.

Precisamente, esto fue resaltado por Vega Dulanto, pues consideró que hay muy poco personal especializado para darse abasto con todos los casos que se encuentran en la vía penal y humanitaria.

“Necesitamos dinero y, sobre todo, especialistas. El problema acá en el Perú es que no tenemos la carrera de Antropología Forense, como carrera de pregrado, tal como se estudia Medicina, Derecho, o cualquiera de las carreras que tenemos. No existe. Entonces, hay muy poca gente que está formada para hacer esto. Tenemos gente que básicamente ha sido formada para ser antropólogos sociales o arqueólogos en algunos casos, pero no es suficiente”, acotó.

Entre el personal que labora en la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en el Ministerio Público, hay un promedio de 70 personas para resolver los cerca de 19.200 casos por desaparición que hay actualmente.

De todos los involucrados, solo un porcentaje bajo tiene formación especializada en antropología forense, por lo que la experta entrevistada hizo hincapié en la importancia de formar más gente que pueda realizar un trabajo cabal, no solo para atender este tipo de casos, sino también en crímenes comunes.

“Además, otro problema es que los sueldos que ofrece el Estado no son muy buenos, entonces mucha de la gente que está en capacidad de aportar se va afuera, o a otro tipo de instituciones para poder tener un ingreso que esté a sus expectativas”, agregó.

Desde el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, inician una investigación preliminar documentándose de diferentes fuentes, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, o documentos de la época de diferentes instituciones, como la DIRINCRI o la Defensoría del Pueblo.

“Se nutren de casos, se van al campo a hacer entrevistas a las comunidades que pueden estar afectadas por este tipo de eventos. Esto incluye también ya trabajar en conjunto con historiadores, antropólogos sociales, arqueólogos. Estos últimos van a observar los posibles sitios de entierro donde podrían estar víctimas humanas. Y de ahí ellos producen un informe, que se llama el informe humanitario, y lo presentan al Ministerio Público para que ya se inicie la siguiente etapa”, declaró para este medio.

“Una vez que se cierra la investigación preliminar, se pasa en compañía del Ministerio Público a la fase de exhumación y análisis de los restos. Y una vez que ya son identificadas estas personas, ya se hace una restitución de los restos a los familiares. Siempre es muy importante el acompañamiento psicosocial para los familiares de las víctimas”, complementó.

Por último, alabó la importancia de la Ley N°30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, ya que gracias a ella se creó, en 2017, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se pudo lograr la optimización de los datos de los individuos aún no encontrados, como sus nombres y apellidos, además de la fecha y lugar de la desaparición.

“Gracias a la ley 30470, el Estado tiene la obligación de proveer a los familiares de acompañamiento psicosocial, además de apoyo material y logístico en todas las etapas de la investigación. Los familiares tienen el derecho de participar desde la etapa de la investigación preliminar hasta, obviamente, la restitución de los restos. Estado les da apoyo logístico, les pagan a los familiares pasajes, estadías, alimentación, para que puedan acompañar el proceso, y una vez restituido, el Estado, a través del Ministerio de Justicia también da los féretros, la ceremonia, flores, cosas así por el estilo, según lo que los familiares deseen”, finalizó.