Dos tercios de la ciudadanía coincide con la remoción de todo el Gabinete Ministerial que lidera el premier Alberto Otárola, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) difundida este domingo por La República.
El 65% de participantes (1213) se mostró a favor de la salida del número dos de la presidenta Dina Boluarte, quien la acompaña desde que inició su mandato, primero como titular de Defensa y luego como cabeza del equipo de ministros.
El mismo sondeo arrojó que solo un 25% de ciudadanos quisiera ver modificaciones en algunos portafolios, mientras que apenas un 4% considera que la plancha ministerial debería seguir intacta.
Boluarte declaró el último martes que su equipo se encuentra bajo escrutinio permanente, por lo que no descartó refrescarlo. “Todos los ministros están en constante evaluación, y esto incluye al premier. No tenemos apuros”, señaló en una rueda de prensa posterior a la presentación del último avance bimestral de gestión.
La mandataria replicó a una periodista que le consultó sobre la eventual salida de Otárola, investigado por la contratación de una trabajadora en la organización que se dedica a elaborar estrategias en la lucha contra las drogas (Devida), así como la de Alex Contreras (Economía y Finanzas), cuestionado por admitir que el país está en recesión después de varias negativas.
“El Perú y sus problemas son primero”, zanjó antes de pasar a otra pregunta. Hasta el mes pasado, según la Encuesta del Poder del 2023, la gobernante y el premier compartían el primer lugar de la nómina de los más poderosos del país, un resultado nunca antes visto, de acuerdo con expertos.
Ambos, además, están incursos en una investigación preliminar sobre la presunta comisión de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país de diciembre a marzo.
La encuesta dominical también recoge que un 85% de peruanos desaprueba la forma en que Boluarte viene conduciendo su Gobierno, una cifra similar a la que obtuvo en octubre pasado. El Congreso, por su parte, mantiene un alto descrédito, con un 91% que rechaza su desempeño.
De igual modo, un 72% cree que la jefa de Estado acepta casi todo lo que el Legislativo propone, mientras que apenas un 11% considera que sí defiende la autonomía del Ejecutivo y la de los organismos del Estado.
Boluarte ha deslizado esta semana cierto beneplácito ante la censura del exministro del Interior, Vicente Romero, en el marco del “respeto” al equilibrio de poderes. “Una de las funciones del Congreso es fiscalizar. En esa acción que nosotros respetamos, ha sido censurado el ministro del Interior y por eso juramentamos [a su reemplazo]”, señaló en la misma rueda de prensa.
Romero se convirtió en el primer miembro del Gabinete en ser censurado por el Parlamento debido a su “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”, con lo cual debió presentar su dimisión mientras la gobernante retornaba de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en la ciudad estadounidense de San Francisco.
La decisión fue tomada, pese a que el Gobierno anunció que iba a extender el estado de emergencia dictado en tres distritos de Lima, entre ellos el populoso San Juan de Lurigancho, para enfrentar a la inseguridad ciudadana. Esta salida ministerial coincidió con una moción de interpelación aprobada en el Parlamento contra el titular de Energía y Minas, Óscar Vera.
Los diputados dieron luz verde a esta medida con 57 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones, razón por la cual Vera acudirá al pleno el próximo miércoles para responder un pliego de 55 preguntas sobre la aparente contaminación de las cuencas de varios ríos en la región altiplánica de Puno.
Será la segunda interpelación en su contra en lo que va del año. Si sus respuestas no son satisfactorias, el pleno puede presentar una moción de censura, que de ser aprobada forzaría su renuncia al cargo.