Caso Manta: Exigen que el juicio contra militares que cometieron crímenes sexuales sea público

Nueve mujeres campesinas aguardan sentencia histórica contra 13 integrantes el Ejército peruano que cometieron abusos sexuales contra ellas y muchas más mujeres de Manta, en Huancavelica, durante el conflicto armado interno. Ellas han solicitado que el juicio, en esta etapa final, sea público, para que la población se mantenga vigilante en el resultado.

Cynthia Silva, abogada y directora de la organización feminista Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), presente en la marcha por el 25N, se moviliza para reclamar que el veredicto repare el derecho a la verdad de las afectadas. Silva, quien conversó con Infobae Perú, acompaña la defensa legal y movilización social del caso.

¿En qué etapa se encuentra el Caso Manta?

Nos encontramos hacia el final del juicio oral. En este momento, le toca al fiscal sustentar la acusación que él ha planteado de inicio, y por la cual 13 exmilitares son responsables de cometer las violaciones a nueve mujeres de Huancavelica en contexto de conflicto armado, donde cientos de campesinas de Manta sufrieron abusos sexuales.

¿Por qué se exige que las próximas audiencias sean públicas?

Este es un pedido que viene directamente de las mujeres, quienes son las titulares del derecho a la privacidad en las audiencias por tratarse de asuntos de vida íntima. Ellas renuncian a este derecho con el fin de que la ciudadanía se mantenga vigilante en hechos que tienen una relevancia de interés público. Ellas solicitan esto para que también estén acompañadas en esta lucha por justicia que lleva décadas.

Actualmente, ¿los juicios orales se están dando acá en Lima?

Se dan vía virtual. Por lo que las mujeres solicitan que estas audiencias sean dadas de manera presencial, ya que es distinto como es que puede recibirse el sustento de la acusación del fiscal, el relato de la teoría del caso y la defensa de las víctimas, así como también la defensa de los acusados. Los juicios deben garantizar inmediación. Ya no enfrentamos una pandemia, en ese sentido, no se justifica que se mantengan estas audiencias (virtuales). Este es un momento fundamental para que vuelvan a la presencialidad, como el resto de los casos.

¿Las mujeres del caso de Manta reciben acompañamiento psicológico y legal?

Actualmente, las organizaciones que acompañamos a estas nueve mujeres somos el Instituto de Defensa Legal (IDL), que acompaña a seis de ellas, y Demus, que acompaña a tres. Nosotros concretamente patrocinamos y damos un acompañamiento integral a María, Marilia y Teresa. Por parte de nuestra institución, hacemos los esfuerzos necesarios para asegurar la atención integral, que consiste en una terapia psicológica, que consiste en el patrocinio jurídico y también un acompañamiento de movilización social y cobertura mediática necesaria por su relevancia histórica, no solamente para ellas, sino para nuestro país que tiene un caso como este.

No concebimos otra manera de tratar estos casos. Acompañamos a las víctimas que han sufrido hechos tan graves, que tienen secuelas hasta la actualidad, y que están en este momento enfrentando un proceso que es decisivo de hace décadas por justicia y reparación.

Cuándo se habla de obtener justicia y reparación integral, ¿qué se espera concretamente?

Esperamos que, tal como se planteó en la acusación, y desde la propia denuncia de las mujeres, se reconozca que se han cometido violaciones sexuales contra estas mujeres que además no constituyen delitos comunes, sino que son crímenes de lesa humanidad. Por tratarse de miembros del Ejército Peruano que cometieron estos abusos de manera generalizada y sistemática.

En este caso nuestro enfoque de defensa es el feminista del derecho. Entonces no podemos perder de vista que las mujeres han sido afectadas en sus relaciones comunitarias y relaciones familiares. En el caso de dos de las tres mujeres que nosotros acompañamos han tenido que desplazarse de Manta, donde no ha sido posible que continúen viviendo, pese a que tenían proyectos de vida arraigados en su comunidad.

Sobre la acusación de los tres exmilitares, ¿tienen alguna orden de captura o dictado de prisión preventiva?

Ellos están enfrentando el juicio en libertad, sin ninguna comparecencia, sin ninguna limitación. Esto está condicionado a que participen en las audiencias. Sin embargo, con el tema del juicio remoto, no hay como asegurar que ellos realmente están a disposición de la justicia porque no hay un control de asistencia para saber que estén presentes.

Por ejemplo, casos emblemáticos como el de Arlette Contreras nos han permitido ver cómo es que el defensor estuvo hasta el final, se dictó la condena y ahora el agresor sigue prófugo, con los 11 años de pena que le han que le han impuesto. Los controles del Poder Judicial tienen que ser mucho más incisivos y fuertes. No nos están asegurando que en el resultado del juicio no haya nuevamente impunidad.

¿Por qué cree que la justicia peruana demora tanto en resolver los casos de violencia sexual?

Podríamos decir que es por falta de recursos y eso es cierto. Pero también es existe desidia, desinterés y desconocimiento en cómo se procesa los casos. Se trata de víctimas que han sufrido hechos que implican traumas. Por lo tanto, deben cerrar los capítulos que estos hechos de violencia significan a sus vidas.

Urge para ellas que puedan iniciar seriamente un proceso de recuperación, pero existe un grave problema en el abandono de las políticas públicas por parte de gobiernos como el que tenemos. Y también las influencias de parte de todo un sector de corrupto, que está asegurando precisamente la impunidad para todo el sector militar.