25N: apenas el 36% de mujeres trabajó en un empleo adecuado durante el 2022, según IEP

Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este sábado 25 de noviembre, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha lanzado su Informe Especial por el 25N a fin de evidenciar las situaciones a las que aún se encuentran expuestas la población femenina en diferentes ámbitos, como social y económico.

En este compendio se incluye información relevante relacionada con el crecimiento profesional y el modo de empleabilidad de las mujeres en nuestro país, en los que aún se normalizan formas de violencia que las dejan expuestas a situaciones de vulnerabilidad que todos tenemos la obligación de denunciar.

Las mujeres en el mercado laboral: una historia de desventaja y vulneración

Este es quizá uno de los espacios en los que es más difícil lograr la igualdad de género, especialmente en el Perú, donde no solo se habla de los riesgos a los que están expuestas durante su día a día y como parte de su jornada laboral —acoso sexual, maltrato psicológico y otras agresiones—, sino que también a los detalles de su contratación en comparación con la población masculina.

Así, durante el 2022, solo el 36% de mujeres que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) fue empleada de manera adecuada. Dicha realidad se contrapone con la de los hombres, quienes lo hicieron en mayor medida con un 58%.

Sin embargo, la población femenina vuelva a mostrar un panorama preocupante al reconocer que el 58% de ellas labora de manera subempleada —es decir, que tienen un empleo inadecuado, ya sea porque su ingreso laboral es bajo, porque el número de horas es menor al de una jornada completa o porque el empleo no corresponde con sus calificaciones—, lo que solo ocurre en un 38% de la PEA masculina.

Trabajadoras familiares no remuneradas y su doble vulnerabilidad

La Encuesta Nacional de Hogares 2022 (Enaho) dio luces sobre la situación de los y las trabajadoras familiares no remuneradas, la cual está integrada en su mayoría por mujeres de áreas rurales que superan los 40 años y que no han culminado su educación básica. Ellas se desempeñan en medio de la informalidad y sin ningún tipo de pago, lo que las expone a diferentes riesgos: dificultad para alcanzar la autonomía económica y aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia de género.

Esto aplica también a las trabajadoras del hogar pese a que la nueva normativa reconoce que por su labor deben recibir todos los derechos.

Violencia económica contras las adultas mayores

La violencia de género también afecta a las adultas mayores. Solo hasta octubre del 2023, 8.351 personas mayores de 60 años fueron víctimas de estas agresiones, y la mayoría de ellas pertenece a la población femenina.

Al respecto, la jefa de la Unidad de Proyectos e Intervenciones de Pensión 65, Rosa María Pretell Aguilar, en una entrevista con Ojo, afirmó que el maltrato psicológico y económico son los más recurrentes; sin embargo, hay casos en los que se da el abandono total.

“Los hijos se van y los dejan solos, sin ningún tipo de compañía o mantenimiento por parte de familiares. También hay el tipo de violencia económica: si viven dentro del hogar, no reciben ningún tipo de ayuda de lo que les toca en Pensión 65″, reveló.

De acuerdo a sus estimaciones, desde el 2019 hasta la actualidad, en el programa ya se han reportado 251 casos. Añadió que, de cada cinco, cuatro corresponden a adultas mayores, puesto que “se afianzan el machismo y varios estereotipos cuando se llega a esta etapa de vida”. Ahora ya se puede denunciar estos hechos a través del aplicativo Tayta, del programa Pensión 65.