El Ministerio de Justicia, a través de una comisión ad hoc, emitió una medida cautelar para separar temporalmente a Daniel Soria del cargo de procurador general del Estado.
La resolución a la que accedió Infobae Perú lleva las firmas de Luigino Pilotto, viceministro de Derechos Humanos; Walther Iberos, viceministro de Justicia; y Tiberio Robles, jefe de la Oficina General de Administración; quienes integran la comisión ad hoc a cargo del procedimiento disciplinario contra Soria.
“Aplicar al funcionario Daniel Soria Luján la medida cautelar de exonerar de la obligación de asistir al centro de trabajo y de prestar el servicio bajo cualquier modalidad de trabajo, hasta la emisión del acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario (...), sin afectar su derecho a defensa, su remuneración y demás derechos y beneficios que le corresponden”, se lee en la parte resolutiva del documento.
La suspensión de Soria —además de coincidir con la del fiscal Rafael Vela— tiene lugar luego de que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas información respecto a la asignación de 20 millones al distrito de Nanchoc, cuyo alcalde se reunió previamente con Nicanor Boluarte.
Los plazos son importantes. La solicitud de la Procuraduría Anticorrupción al MEF se efectuó el 6 de noviembre. Un día después, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, una división que depende de la Secretaría General del Ministerio de Justicia, solicitó a la comisión ad hoc que se suspenda temporalmente al procurador general del Estado.
Investigación contra Boluarte
La Procuraduría General del Estado ha sido la parte más activa en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por las muertes en protestas.
Cumpliendo su rol de defensa jurídica del Estado, los abogados de la PGE han estado presentes en las diligencias del caso. Incluso, Soria interpuso una tutela de derechos ante la Corte Suprema luego de que la Fiscalía no les permitiera participar ni muchos menos interrogar a los investigados.
El Gobierno también ha criticado abiertamente a Soria por supuestamente no haber guardado la reserva de la investigación cuando, en una entrevista, reiteró lo que ya había revelado el abogado de Boluarte: la presidenta se acogió a su derecho al silencio y se negó a responder las preguntas de la Procuraduría.
“En mi caso, a diferencia de algunos funcionarios como el procurador general del Estado, yo respeto escrupulosamente la reserva de las investigaciones y me remito al accionar de la Fiscalía y del Ministerio Público”, alegó Otárola en una conferencia de prensa.
Caso reabierto
El procedimiento administrativo disciplinario es por el informe de Contraloría —es el segundo, el primero se emitió en 2022— que advierte que Daniel Soria supuestamente no cumpliría con los requisitos para acceder al cargo de procurador general del Estado.
Este tema ya ha sido debatido en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien, junto a Aníbal Torres, retiró ilegalmente a Soria Luján pese a que la única manera de retirar al titular de la Procuraduría General del Estado es por falta grave debidamente comprobada en un proceso en el que se garantice el derecho a la defensa.
Para esos meses, Soria era considerado problemático para el Ejecutivo por denunciar ante la Fiscalía a Pedro Castillo por el caso Puente Tarata.
Por todo ello, recurrió al Poder Judicial para anular la resolución suprema que dio por concluida su designación. Este poder del Estado le dio la razón en doble instancia.
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