El Poder Judicial evaluará este viernes 24 de noviembre en audiencia la acción de amparo que planteó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Congreso para anular la investigación sumaria, incluido el cuestionado informe final, por supuesta causa grave, proceso mediante el cual un sector del Parlamento busca remover a los 7 consejeros.
La audiencia iniciará a las 9:00 am y será evaluada por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que en el marco de este proceso otorgó una medida cautelar que ordena suspender el proceso parlamentario.
Justamente, por esta medida cautelar la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunció penalmente por supuesto prevaricato a los jueces superiores que integran la referida sala ya que, según la legisladora, el Poder Judicial no puede intervenir en actos parlamentarios.
Para ello se amparan en la sentencia del Tribunal Constitucional en el proceso competencial del Congreso contra el PJ, pese a que el fundamento 42 de la referida resolución habilita a los magistrados en casos de que el acto del Parlamento presuntamente afecte derechos de las personas.
“Si bien el debido proceso es un derecho y garantía que informa todo el ordenamiento jurídico, una extensión del debido proceso judicial a los actos parlamentarios requiere una adecuada valoración de intensidad y creación del acto. En otras palabras, si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido”, se lee en el fundamento en mención.
En la acción de amparo, los consejeros denuncian vulneraciones a sus derechos constitucionales a la independencia funcional y al debido proceso, por lo que pide la nulidad de la aprobación de la moción de orden del día 7565, que encargó a la Comisión de Justicia desarrollar una “investigación sumaria” contra la JNJ.
Pese a ello, la denuncia de Chirinos, con una inusitada celeridad, fue atendida por la Fiscalía de la Nación. A pocas horas de haberse formulado, el fiscal adjunto supremo provisional Miguel Vegas Vaccaro, designado por Patricia Benavides, abrió investigación preliminar.
Vegas Vaccaro, al igual que la fiscal de la Nación, registra llamadas con el empresario y dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en 2018.
La JNJ está al tanto de las llamadas de Benavides y Vegas, y considera que los cambios efectuados por la titular del Ministerio Público en el Equipo Especial Lava Jato habrían estado dirigidos a desarticular el mismo.
Piden al TC anular medida cautelar
El procurador público del Congreso de la República, Manuel Peña Talavera, solicitó al Tribunal Constitucional, dejar sin efecto la medida cautelar que obtuvo la JNJ en el proceso de amparo. El letrado hace la solicitud como parte del proceso de ejecución de la sentencia del proceso competencial que planteó el Parlamento contra el Poder Judicial.
No obstante, Peña no cita el fundamento 42 en su escrito, cuyo contenido fue ratificado por el presidente del TC, el magistrado Francisco Morales Saravia.
“El ponente de ese caso, el doctor Gutiérrez, se encargó de dejar claramente establecido que (el Poder Judicial no podía intervenir en procesos parlamentarios), siempre y cuando, no se violen los derechos fundamentales. (...) Justamente, se dijo que cuando se traten de casos en los que estén involucrados los derechos fundamentales, la vía del amparo es posible. (...) En un Estado constitucional, en una democracia donde regida por el imperio de la ley y la Constitución, nadie puede hacer lo que le da la gana porque todos estamos sujetos al mandato de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia. O sea, todos tenemos límites, incluso el Tribunal Constitucional”, apuntó Morales en RPP.