JNJ alerta que en computadoras incautadas por Fiscalía “habría información de procesos disciplinarios”

Después de las denuncias de ocupación indebida de posiciones en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Fiscalía de la Nación ordenó el inicio de investigaciones preliminares con el objetivo de identificar a los principales implicados señalados por haber colocado a un conjunto de graduados de la Universidad Nacional Federico Villareal en esa oficina, todos pertenecientes a la misma promoción.

En este proceso, una serie de hechos tomaron relevancia respecto a la manera en la que la JNJ había procedido en el marco de la recopilación de datos dispuesta por el Ministerio Público, luego de que requiriera una autorización judicial para que el personal de la fiscalía pueda acceder a la información contenida en las computadoras de la Dirección de Procesos Disciplinarios.

Para esclarecer este asunto, la JNJ emitió un pronunciamiento explicando los motivos por los que no permitieron el ingreso de la Fiscalía de la Nación a las computadoras de dicha oficina, alertando la posibilidad de una fuga de datos relacionados con el seguimiento de procesos sancionatorios en contra de fiscales y jueces supremos sometidos a investigación.

En el comunicado difundido el último miércoles, la JNJ detalló que “para efectos del traslado de equipos de cómputo, la institución requirió en esa oportunidad al fiscal a cargo, en el marco de las disposiciones reguladas en el Código Procesal Penal, un mandato judicial a fin de garantizar la cadena de custodia”. La disposición se dio a fin de garantizar que no existan o se acrediten irregularidades

Según la Junta Nacional de Justicia, la solicitud de un mandato judicial expreso se dio debido a la delicadeza de la información que obraba en las computadoras, pues “en tales equipos podría haber información sobre denuncias, investigaciones y procedimientos disciplinarios en curso, sobre los cuales se mantiene reserva legal”

En ese sentido, la JNJ afirmó haber tomado medidas preventivas de cuidado de la información, como el lacrado de estos dispositivos, además de su inmovilización hasta que no se contara con la disposición judicial respectiva. “Con ese propósito, se procedió a inmovilizar y lacrar esos equipos hasta que se dictara el mandato respectivo como ha ocurrido hoy”, se detalló en el comunicado

Una vez emitida esta disposición, diversos medios reportaron el allanamiento de la Fiscalía de la Nación a las oficinas, en donde se pudo visualizar cómo agentes de la fiscalía de la Nación retiraban de la institución una computadora tras otra.

Esta recabación de datos ha generado suspicacia respecto a la celeridad con que ha sido ejecutada, y aunque podría responder a un desarrollo ejemplar de la conducta fiscal en casos de presunta corrupción; el cuestionamiento ha recaído especialmente en el hecho de que las diligencias se realicen, específicamente en la Dirección de Procesos Disciplinarios.

Como se sabe, es esta misma dirección la que se encarga del análisis y evaluación de todo tipo de procesos emprendidos a fiscales y jueces supremos, misma institución que maneja las diligencias del caso de copamiento. Es por ello que la misma institución ha detallado que es imperativo que se mantenga la reserva de una serie de investigaciones que podrían estar comprendidas en las computadoras incautadas.

Ante las críticas a este cuidado, la misma institución afirmó como conclusión en su pronunciamiento que lamentaba y rechazaba “con firmeza cualquier inconducta que pudiera producirse dentro de la institución, adoptando todas las medidas legales a su alcance para el pleno esclarecimiento de los hechos”.

Según lo detallado por el fiscal de turno a cargo de las diligencias, Juan Carlos Zúñiga, el Ministerio Público requisó un total de seis computadoras que eran de uso interno de la Dirección de Procesos Disciplinarios. Asimismo, se señaló la retención de discos duros pertenecientes a estos equipos. Todos ellos, contenían documentación de extrema reserva respecto a casos de jueces y fiscales que se encuentran investigados.

Estas computadoras retenidas serían las usadas por los principales implicados en el caso de copamiento de dicha dirección denunciados por Punto Final el último domingo. Estos son involucrados son Johan Castillo de la Cruz, Linda Castillo de la Cruz, Claudio Valdera Bohorquez, Rayan Calderón Bringas, Milena Aguilar Valle y Edson Villarroel Beraún, todos cercanos a Frank Fernández.

El último viernes 24 de noviembre, la Tercera Sala Constitucional de Lima evaluó en audiencia la acción de amparo que plantearon los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Congreso, para anular la investigación sumaria por supuesta causa grave.