Seis estudios de evaluación ambiental emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre 2022 y 2023, han confirmado que la compañía minera Antapaccay del grupo Glencore en Perú, ubicada en la provincia de Espinar, en el departamento de Cusco, estaría vinculada a la contaminación de aire, agua y tierra de comunidades campesinas y adyacentes a dicha operación minera.
Así lo señala el informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos«, elaborado por la organización sin fines de lucro CooperAcción y la confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales Oxfam.
De acuerdo a la publicación, desde hace más de una década, los ciudadanos, —la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas quechuas y k’ana—, que viven en las zonas circundantes a Antapaccay han enfrentado las consecuencias de la contaminación con riesgos significativos para el territorio y la salud de personas de trece comunidades de Espinar.
Este grupo de habitantes se encuentra expuesto a niveles alarmantes de metales pesados, los cuales se presentan también en pasto andino y tejido vegetal, así como la flora y fauna de áreas cercanas a las operaciones mineras, cuya afectación ha impactado a su vez en la cadena alimentaria del lugar.
Sin embargo, a la fecha, la multinacional suiza Glencore continúa rechazando tales hechos, indicando que la contaminación no proviene de sus actividades mineras, sino más bien a procesos naturales de mineralización.
¿Qué sostienen exactamente los estudios de OEFA?
Siguiendo el informe de CooperAcción y Oxfam, dos informes del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Informe N.º 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC (OEFA, 2022) y el N.º 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC) sobre la calidad del aire demuestran que las emisiones de material particulado PM10, provenientes de las actividades de la mina, han superado repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos.
Ante ello, mediante las resoluciones N° 00144-2023-OEFA/DSEM y N° 00142-2023-OEFA/DSEM, el OEFA impuso sanciones administrativas en agosto de este año a la compañía minera Antapaccay debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los ciudadanos de Espinar y el ambiente.
Las zonas afectadas son las comunidades originarias Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana.
Cabe resaltar que los estudios de OEFA se realizaron en las 38 localidades de la provincia de Espinar y las aguas industriales que salen de la mina que se descargan a los ríos, con el fin de analizar el aire, agua, la flora y fauna e, incluso, a los animales domésticos de las comunidades presuntamente afectadas por la actividad minera.
Afectados y defensores en derechos humanos se pronuncian
Durante la presentación del informe de CooperAcción y Oxfam, el martes 21 de noviembre, que contó con la asistencia de la coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú, Maia Campbell, remarcó que es fundamental que las empresas que realicen proyectos extractivos, garanticen que sus actividades respeten los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, incluyendo la debida diligencia.
“Si bien los Estados son los responsables últimos de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial, reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas, tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos. Los principios rectores de las Naciones Unidas especifican que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos”, declaró Campbell.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, Ruth Luque, recalcó que el Estado peruano debe agotar todas las medidas necesarias para resolver las demandas de la población de Espinar.
“El último informe de OEFA confirma lo que la población denunciaba desde hace mucho tiempo, que la empresa contaminaba y que el Estado no hacía nada. Eso ha sido negado permanente. Una negación sistemática que significa generar una lógica de impunidad”, manifestó la congresista.
De otra parte, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K`ana de Espinar, recordó que la delicada situación que viven no solo afecta su salud, sino también a sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias.
“La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros y ellos están avanzando. La contaminación está más fuerte, nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, a dónde vamos a ir. No es fácil irnos a otro lugar”, alertó Merma.
La respuesta de Glencore
Tras hacerse público el informe elaborado por CooperAcción y Oxfam, de acuerdo a una nota publicada por Diario Correo, fuentes cercanas a la empresa indicaron que la contaminación ambiental obedece a procesos naturales de mineralización, precisando que la actividad minera no tiene incidencia en ello.
Asimismo, señalaron que el estudio del OEFA solo confirma los resultados de estudios previos realizados por Ingemet, ANA, Senasa, entre otros sobre la presencia de metales pesados en la región.
“Se trata de un proceso en el que se han tomado muestras en puntos de control fuera de los puntos aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental. Los impactos generados por la operación minera están controlados conforme a lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad competente”, manifestó la transnacional.
En esa línea, cabe recordar que actualmente el nuevo proceso de expansión de la Compañía Minera Antapaccay busca extenderse hacia la zona llamada Coroccohuayco, también en la provincia de Espinar, a 241 kilómetros de la ciudad del Cusco.
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