Mientras que en el Congreso la Comisión de Ética archiva denuncias por el uso irregular de sus trabajadores; en el ámbito fiscal, las investigaciones en contra del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, siguen su curso. Este jueves 23 de noviembre, se reveló que el Ministerio Público dispuso la ampliación del plazo de investigación preliminar contra el legislador de Alianza para el Progreso.
Según el documento, al que la periodista Sofía López tuvo acceso, la disposición resuelve “ampliar el plazo de la investigación preliminar contra Alejandro Soto Reyes en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública de Concusión (...) por el término de sesenta (60) días; los que serán computados a partir del vencimiento del plazo dispuesto” inicialmente.
Con esta precisión, la investigación será ampliada hasta el año 2024, a fin de continuar recabando información respecto a los detalles de la investigación en la que se acusa a Soto de haber usado a sus asesores como una “fábrica de trolls” que se encargaban de desplegar diferentes estrategias para mejorar la deteriorada imagen del legislador en su región. Además de las acciones perpetradas por algunos de sus asesores principales para que todos los trabajadores del despacho hagan un pago mensual de su dinero por concepto del pago de la publicidad.
Diligencias que se harán durante la ampliación del plazo
Junto a Alejandro Soto Reyes se ha consignado a quien fue su asesora, la señora Phenélope Jhoana Contreras, como la presunta cómplice por la misma imputación que pesa contra el presidente del Congreso, el delito de Concusión.
Además, el documento fiscal precisa que ya se han iniciado las acciones requeridas para continuar con las pesquisas en el marco del caso; pues se ha solicitado ante el Congreso de la República la “relación del personal de confianza que laboró con el investigado Alejandro Soto en su condición de vocero a Alianza para el Progreso de julio del 2022 a julio de 2023″, a fin de obtener resultados respecto al hecho denunciado hace dos meses.
Asimismo, ha consignado entre sus pedidos la precisión de las planillas de remuneración de los trabajadores que han laborado con el presidente del Congreso. En ese sentido, también se ha determinado que todos estos trabajadores brinden su declaración testimonial ante la Fiscalía de la Nación, por lo que también se ha dispuesto la citación de los mismos.
Congreso no informa a Fiscalía sobre investigación contra Soto en caso de granjas troll
Otro detalle no menor que se ha planteado en el requerimiento fiscal de ampliación de investigación preliminar es la reiteración de la solicitud para que se explique en qué situación se encuentra la denuncia que el mismo presidente del Congreso emprendió en contra de los trabajadores de su despacho consignados en la denuncia difundida inicialmente en el dominical de Cuarto Poder.
Este es un detalle no conocido por muchos, sin embargo, una vez que estalló el escándalo, Soto Reyes alegó no tener conocimiento alguno respecto a las acciones cometidas por los funcionarios que formaban parte de su despacho. Posteriormente, y como una acción consecuente a este desconocimiento, el legislador anunció que realizaría una serie de investigaciones internas.
Es en el marco de estas investigaciones que ahora la Fiscalía solicita al mismo Congreso de la República que detalle en qué estado se encuentran las denuncias iniciadas por Soto en contra de un grupo de los trabajadores consignados en el reportaje de Cuarto Poder. Cabe destacar que este pedido ya ha sido solicitado en una oportunidad anterior, pero el Parlamento no ha cumplido con remitir dicha información. Este acto podría ser visto como un intento de ocultamiento de información ante las entidades prosecutoras de justicia.