Audiencia de apelación de Rafael Vela transcurrió a puertas cerradas por orden de la Autoridad de Control

Las acciones de la Autoridad Nacional de Control en contra del fiscal Rafael Vela Barba por el proceso sancionatorio que enfrenta, el cual ha sido considerado por muchos organismos internacionales como un caso de persecución fiscal en contra del Coordinador del Equipo Especial del Equipo Lava Jato; vuelven a estar bajo cuestionamiento. Esta vez, debido a una clara falta a la transparencia con la que se debería gestionar un proceso sancionatorio.

Como se sabe, este miércoles 22 de noviembre, estaba programada la audiencia de alegatos otorgada a Vela Barba, la cual debía de transcurrir desde las 9:00 a.m. Según denunció en su momento el mismo fiscal acusado de falta grave, la Autoridad Nacional de Control dispuso apenas 10 minutos para que este procedimiento se realice; sin embargo, no dudó en hacer que este tiempo tome revuelo debido a una serie de acciones cuestionables.

Para empezar, esta audiencia no estaba destinada para efectuarse de manera reservada. Es decir, se trataba de una audiencia a la que cualquier ciudadano podía tener acceso; sobre todo en el marco de la polémica iniciada ante la decisión de investigarlo por declarar ante la prensa por el simple hecho de mostrar su disconformidad ante un fallo del Poder Judicial respecto a la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Teniendo en cuenta esta disposición, tanto las instituciones de independencia judicial que observan el proceso, como los organismos veladores de derechos humanos, además de diferentes medios de comunicación, habían solicitado el acceso a dicha sesión, a la que tenían derecho por tratarse de un hecho polémico y preocupante. No obstante, y en una clara falta a la transparencia en el proceso que se sigue contra Rafael Vela Barba, la ANC no permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Infobae Perú, al igual que otros medios, intentó acceder a esta audiencia desde minutos antes de la hora programada. Inicialmente, este acceso fue negado y rechazado en varias oportunidades; y posteriormente, y ante el pedido expreso del fiscal de solicitar el acceso de la prensa, los intentos de ingreso ni siquiera fueron atendidos.

Fuentes dentro de la institución señalaron que quien se negó a esta directiva fue la fiscal Ortiz quien dispuso que no se atendiera a la solicitud de ingreso de los medios de comunicación. “Nosotros no mediatizamos los casos” resolvió la fiscal como respuesta a los cuestionamientos emprendidos por Barba.

No obstante, esta excusa de “no mediatización” no constituye a un sustento para que se vulnere el derecho a la información de un caso que de por sí es polémico por lo cuestionables que son los sustentos para investigar a Vela Barba.

Así lo han declarado no solo especialistas, sino también organismos internacionales veladores de derechos humanos e independencia judicial como WOLA, el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundacción para el Debido Proceso, y el centro de Derechos humanos Robert F. Kennedy; quienes en la víspera de la rendición de los alegatos de vela emitieron un comunicado conjunto, posteriormente suscrito por Human Rights Watch en el que detallan que este proceso es “sumario y carece de sustento”.

Infobae Perú intentó buscar los descargos oficiales de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta alguna. Pese a las críticas y la alerta existentes respecto a lo que el comunicado emitido el último martes consideró “un acto grave de debilitamiento de las fiscalías de lucha contra la corrupción, lavado de activos y derechos humanos en el Perú”.

Ahora, una vez realizada la audiencia de alegato de Vela, la institución tiene la capacidad de tomar una decisión respecto a la apelación de Vela Barba en cualquier momento. La decisión, tomando como base las últimas acciones de la institución, podría ir en contra del fiscal de Lavado de Activos, quien por su parte ya ha tomado las acciones respectivas ante el Poder Judicial mediante la presentación de una demanda de amparo.