Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el Decreto Legislativo 1582 en Perú, el cual introduce cambios en la Ley de Migraciones e incluye un nuevo procedimiento para la expulsión rápida de extranjeros que podría afectar a refugiados y migrantes en busca de protección internacional. Esta medida permitiría el retiro del país en un máximo de 24 horas, lo que podría transgredir el debido proceso legal.
“Perú endurece marco migratorio con persecución, multas, discriminación y buscando propaganda política con expulsiones ilegales para quienes incumplan el Decreto Legislativo 1582. Esta nueva reglamentación ha entrado en vigencia al vencerse el plazo para tramitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Exigimos al Presidente de Consejo de Ministro del Perú, que la derogue de inmediato”, sostuvo Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional.
El decreto legislativo, emitido por el gobierno peruano el 14 de noviembre, afecta principalmente a la comunidad venezolana en Perú. La norma pone fin a la posibilidad que tenían los refugiados venezolanos de regularizar su situación migratoria por medio de la protección temporal, que venció el 10 de noviembre y el gobierno peruano no lo renovó. Según Amnistía Internacional, el proceso de expulsión de 24 horas dictado es incompatible con las garantías del debido proceso y el principio de no devolución, solicitando al gobierno peruano la derogación inmediata de dicho decreto.
Más de 7,71 millones de venezolanos, lo que representa el 25% de la población de Venezuela, han huido del país debido a la crítica situación económica y a las violaciones de derechos humanos. La mayoría se encuentra en América Latina y el Caribe, principalmente en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, con notables incrementos desde mayo de 2022.
Amnistía Internacional enfatiza que estas personas deben ser reconocidas como refugiadas a nivel internacional y no pueden ser devueltas a lugares donde corran peligro. Sin embargo, países como Estados Unidos han reanudado deportaciones, contradiciendo las normativas internacionales de protección a refugiados
La crisis de refugiados ha impactado desproporcionadamente a las mujeres y niñas venezolanas. La organización reveló que la falta de regularización migratoria y acceso a servicios básicos incrementa su vulnerabilidad y violencia de género. Países latinoamericanos no cumplen con sus obligaciones de protección internacional, con un reconocimiento muy bajo de refugiados venezolanos y dificultades para acceder a derechos humanos fundamentales. Las medidas migratorias alternativas implementadas no cumplen con las normas de protección complementaria, según la organización.
En el pasado, el Estado peruano adoptó medidas que pusieron en riesgo a los refugiados venezolanos; sin embargo, acciones de Amnistía Internacional lograron concesiones de estatus migratorio humanitario, especialmente para niños y niñas venezolanas. La organización ha mostrado preocupación por la situación en la frontera entre Chile y Perú, instando a ambos gobiernos a adoptar políticas alineadas con la protección internacional de refugiados
La organización de derechos humanos señala que el mencionado decreto no considera las difíciles circunstancias que llevan a los migrantes a abandonar sus países. Por lo que la organización insta a las autoridades peruanas a derogar las normativas que comprometan la protección internacional de refugiados y migrantes, y a fomentar políticas integradoras que favorezcan un proceso de regularización más justo y seguro. Hacen especial énfasis en la atención a grupos vulnerables como los niños y niñas, quienes pueden ser los más afectados por estas regulaciones.
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