Procuraduría presenta denuncias contra los congresistas Jorge Flores, Luis Kamiche y Luis Aragón

La Procuraduría general del Estado informó que presentó sendas denuncias contra los congresistas Luis Kamiche (Cambio Democrático), Luis Aragón y Jorge Flores Ancachi (Acción Popular).

La entidad liderada por el abogado Daniel Soria Luján anotó que la decisión se debe a que los citados ‘padres de la patria’ habrían cometido la comisión de los presuntos delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo impropio en el ejercicio de sus funciones.

“Se busca que el Ministerio Público investigue presuntos intereses indebidos en la presentación y aprobación de iniciativas legislativas que habrían sido promovidas por empresas privadas”, agregó la institución en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Kamiche, Aragón y Flores Ancachi deberán afrontar una investigación en la Fiscalía para determinar si usaron su curul para tratar de sacar algún beneficio privado.

Según el portal Lima gris, el integrante de Cambio Democrático buscó favorecer a las compañías que forman parte de la Sociedad Peruana de Energía Renovables (SPR). Esto se quiso materializar a través de una iniciativa en noviembre del 2022 cuando promovió la inversión de proyectos en generación eléctrica con recursos energéticos renovables.

De otro lado, con Aragón se recuerda que viajó a España en febrero pasado para presenciar el Mobile World Congress (MWC), el mayor evento de tecnología móvil del mundo. Sin embargo, lo resaltante es que la empresa china Huawei fue la que costeó todos sus gastos en Madrid.

Tras su periplo europeo es que aumentan las sospechas sobre Aragón porque respaldó proyectos de sus colegas Jorge Flores Ancachi y Silvia Monteza, quienes impulsan ideas relacionadas a la implementación de los autos eléctricos en el Perú.

Flores trata de que existan incentivos fiscales, financieras y tributarias para adoptar los autos eléctricos y la instalación de infraestructura de carga.

“Tendría un impacto significativa en diferentes áreas de la sociedad, entre ellos la reducción de gases de efecto invernadero y mejora de la calidad del aire, la mejora de la seguridad energética al reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles importados y la creación de empleo en el sector de la fabricación de vehículos eléctricos”, reza la propuesta.

Luis Aragón respaldó la iniciativa de Monteza que desea reactivar la actividad de las cooperativas, microempresas y empresas del transporte público a través de la electromovilidad.

“Se faculta al Ministerio de Producción a priorizar el uso de las garantías del Fondo Crecer, para reducir las tasas de financiamiento para la adquisición de vehículos eléctricos contemplados en el reglamento para el transporte público y transporte de carga”, se lee en el proyecto.

Hay que señalar que no es la primera denuncia de la Procuraduría general del Estado contra los parlamentarios. En octubre pasado solicitó a la Fiscalía de la Nación que se inicie las indagaciones respectivas contra Rosselli Amuruz (Avanza País) y Edith Julón (Alianza para el Progreso).

En el caso de Amuruz se debería a la comisión del presunto delito de negociación incompatible a raíz de las contrataciones de personas allegadas a su pareja, Paúl García, en áreas del Parlamento. Precisamente, este asunto ya está en el Ministerio Público, pero ayer la Comisión de Ética decidió no abrir un expediente a la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva de Alejandro Soto que habría concluido en una sanción.

El grupo de trabajo encabezado por Diego Bazán (Avanza País) investigará a Amuruz solamente por su participación en la fiesta de García en el distrito de Lince, donde el comunicador Christian Enrique Tirado falleció producto de un disparo que habría sido lanzado por Abel Valdivia.

En tanto, Julón habría cometido la comisión del presunto delito de omisión al no consignar en su declaración jurada que tenía un vínculo con Elder Fernández, quien fue alcalde del distrito de Querocoto (Chota, Cajamarca) y sería padre de sus dos hijos.

Esta falta de transparencia habría sido por un trasfondo político: cuando Fernández aún era autoridad local, recibió la ayuda desde la Comisión de Presupuesto para que reciba partidas presupuestales. Esto se pudo dar gracias a la intervención de Julón.