Josué Gutiérrez elegirá a sus adjuntos en la Defensoría del Pueblo y al secretario de la comisión especial de la JNJ

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por la fujimorista Martha Moyano, decidió este martes respaldar el proyecto de ley del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien busca debilitar el principio de la meritocracia al interior de la institución que lidera desde mayo pasado. La decisión estuvo muy dividida.

Tras culminar el llamado a los parlamentarios para que dieran a conocer su posición, la secretaría técnica del grupo de trabajo informó que habían 10 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. Debido a este resultado es que Moyano tuvo que dirimir: finalmente apoyó la idea de que Gutiérrez Cóndor pueda tener una mayor libertad para designar a los funcionarios en la Defensoría del Pueblo.

El abogado vinculado al partido Perú Libre y a Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia por el caso Aeródromo Wanka, podrá designar a su criterio a los adjuntos de diferentes oficinas sin que pasen por un concurso público de méritos como se hace en la actualidad de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la ley orgánica de la Defensoría.

“Los cargos de defensores adjuntos son de libre designación y remoción por el Defensor del Pueblo, observando el perfil y la idoneidad del cargo, de conformidad a las normas de la materia. Para asumir el cargo se requiere haber cumplido treinta y cinco años”, se lee en el documento.

Hay que precisar que desde la llegada de Josué Gutiérrez llegó a la Defensoría se dieron sucesivas renuncias. Así, las abogadas Patricia Carolina Rosa Garcés Peralta (Mujer), Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales) fueron los primeros en salir. El último fue Percy Castillo, quien estaba a cargo del área de Derechos Humanos.

Sin embargo, no es el único cambio que va beneficiar a Gutiérrez. Ahora podría quedarse más del tiempo establecido que tiene su cargo (5 años) si es que las bancadas que están en el Congreso de la República no se ponen de acuerdo para elegir a su sucesor. Cabe recordar que cuando se presentó ante la Comisión de Constitución, el excongresista del Partido Nacionalista recordó que sus predecesores Beatriz Merino y Walter Gutiérrez también estuvieron un poco más del periodo al que fueron designados.

“La Defensoría no puede quedar acéfala y al margen de los derechos”, apuntó. Agregó que no se quiere perpetuar en su puesto y, por el contrario, refirió que su iniciativa va en la línea a lo que el Tribunal Constitucional resolvió en su sentencia de la demanda competencial que el Congreso entabló contra el Poder Judicial por realizar un control sobre sus acciones. En ese fallo se dice que “finalizado el período para el que fue designado, el Defensor del Pueblo continuará en funciones hasta que asuma el cargo su sucesor”.

Otro aspecto clave del proyecto de Josué Gutiérrez es que tendrá el control para nombrar al secretario técnico de la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia. Al igual que los adjuntos de la Defensoría también pasaban por un concurso público, pero ahora serán puesto por confianza. De esta manera no habría ninguna garantía de que la persona escogida tenga altas cualidades académicas, profesionales y morales.

Según la ley orgánica de la JNJ, el secretario técnico tiene varias funciones claves como planificar, organizar y ejecutar las actividades administrativas de la comisión especial mientras esté en funcionamiento.

Además, tiene la obligación de convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias, participar de las mismas sin que tenga voto sobre las decisiones que se adopten, ejecutar y hacer seguimiento de los acuerdos adoptados, coordinar o elaborar los estudios, documentos y trabajos técnicos.

Finalmente, llevar las actas de las sesiones, remitir información de acceso público y comunicaciones a entidades externas, elaborar el proyecto de informe final de actividades, elevar recomendaciones, proponer la celebración de convenios con instituciones especializadas que pudieran contribuir con el ejercicio de sus funciones, y otras actividades que se dispongan.

Cuando Josué Gutiérrez se presentó ante la Comisión de Constitución, el legislador Edgar Reymundo (Cambio Democrático) le consultó que, si se quitaba el criterio de concurso público, podría designar a Elizabeth Zea, abogada que trabajó en el equipo técnico de Keiko Fujimori y actual adjunta en Asuntos Constitucionales, como la secretaría de la comisión técnica de la JNJ. Al respecto, el defensor del Pueblo dijo textualmente: “Puede ser la adjunta en asuntos constitucionales como otros. Veremos quiénes cumplen”.