Fiscalía anticorrupción interviene el Ministerio de Vivienda por la contratación irregular de asesores

La Fiscalía informó que realiza un intervención la mañana de este martes en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tras la denuncia aparecida el último domingo sobre la contratación irregular de asesores y locadores de servicios.

La diligencia es llevada a cabo por integrantes del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), que abrió una investigación preliminar por la comisión del presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.

Esta medida del Ministerio Público se concreta luego que en el programa Punto Final se reveló que la gestión de la ministra Hania Pérez de Cuéllar tendría funcionarios que no necesariamente cumplirían con sus obligaciones y requisitos para sus cargos.

El espacio de Latina Televisión informó que hay cuestionamientos sobre tres personas. En primer término está el caso de James Segundo, quien labora como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del sector Vivienda. Desde esta área es que ha cobrado cerca de 84 mil soles.

Todo sería normal con James Segundo si es que no habría accedido a su actual puesto sin cumplir con algunos requisitos. Según los términos de referencia que se solicitaban para el puesto, se buscaba un asesor legal. Sin embargo, él es economista de profesión y así se desprende de los informes que ha entregado a las diferentes oficinas adscritas a Planeamiento y Presupuesto.

De otro lado, hay otros casos que llaman la atención. Uno de ellos es de Lena Orduña, quien ha obtenido 100 millones de soles en órdenes de servicio del Ministerio de Vivienda en lo que va este 2023. El detalle está en que cuando se verificó el trabajo que prestó a la cartera se halló que habría copiado información ya existente en la Oficina de Inversiones desde febrero del año pasado.

Mientras el otro es de Hamilton Díaz, quien logró tres órdenes de servicio por 64 mil soles. En su caso se le contrató para que pueda desarrollar información como el monitoreo de expedientes, seguimiento de inversiones en las regiones y de ciertos organismos públicos. Nuevamente, al igual que Orduña, este locador de servicio habría presentado informes por su labor con información que aparece en el sistema de trámite administrativo de Vivienda.

Sin embargo, otro hallazgo del dominical Punto Final es que también existirían trabajadores fantasmas en el despacho de la ministra Pérez de Cuéllar. Estas serían Adriana Ríos y Claudi Zhou Chau, quiénes han sido vistas en muy pocas ocasiones en el ministerio.

Incluso, una de ellas que es Ríos ha cobrado la suma de 24 mil soles entre junio hasta agosto de este año.

Hay que recordar que los escándalos en el Ministerio de Vivienda ya vienen desde hace una semanas. Infobae Perú reveló un informe de la Contraloría general de la República que brinda más irregularidades que existirían en el manejo de la caja chica como inicialmente se dio a conocer también en el programa Punto Final que anotó que el dinero se gastaría en comprar comida en chifas, restaurantes criollos, postres y suplementos alimenticios.

Este medio informó que se había desaparecido dinero de la caja chica del sector cuyo valor está situado en S/80 000. En concreto, no se halló la suma de S/ 1 004,95 cuando se realizó la revisión de cuentas por parte de la entidad fiscalizadora.

En el documento se detalla también que los representantes de la Contraloría descubrieron la existencia de ocho vales por concepto de adelanto de viáticos ―cuyo importe era S/ 8 950,00―que no estaban programados y se habían otorgado fuera del plazo de 48 horas establecido.

De otro lado, el informe del órgano de control anota que en el Ministerio de Vivienda no habrían registrado de una manera adecuada los adelantos de viáticos no programados ―que salieron de la caja chica― a través de la Oficina de Tesorería. Esto podría provocar que se falte al cumplimiento de los plazos de rendición de fondos y se tendría un riesgo para la transparencia, manejo y correcto uso.

La Contraloría encontró una serie de inconsistencias en las planillas de movilidad de nueve funcionarios del sector porque están “registrados por días en distintas fechas del servicio brindado por un tercero (taxi), lo cual conlleva a un riesgo constante para el cumplimiento de plazos del recurso otorgado y rendido, cuya modalidad distorsionan el uso de la caja chica cuyos fondos en efectivo son para gastos menudos y urgentes de cancelación rápida”.

Al respecto, la ministra Pérez de Cuéllar ha optado por el silencio para no esclarecer este acto de corrupción que se daría en su sector.