Alejandro Soto va tras blindaje a su favor en la Comisión de Ética: pide archivamiento de su investigación

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, participó el último lunes 20 de noviembre en la sesión de la Comisión de Ética. Su presencia se dio a raíz de la investigación que se sigue en su contra en dicho grupo de trabajo por haber realizado las coordinaciones para la aprobación de la ley N° 31751; la cual fue conocida como ‘Ley Soto’ con la que logró archivar una investigación por fraude en su contra ante el Poder Judicial. Ahora, el legislador buscaría hacer lo mismo con las pesquisas emprendidas por el legislativo.

Si bien en la agenda de la Comisión de Ética del pasado 20 de noviembre se había consignado su presencia como punto 3 en la orden del día; en la audiencia en la que brindaría sus descargos respecto a este caso, el legislador optó por negar cualquier injerencia en la aprobación de la ley, y, en cambio, buscó que el grupo de trabajo presidido por el legislador Diego Bazán haga lo mismo que hizo con las otras dos denuncias que se efectuaron en su contra: archivarla.

El documento de la novena sesión de Ética detalló la presentación de una “audiencia” que giraría en torno al expediente N° 143-2023-2024/CEP-CR; la única denuncia que prosperó de los tres expedientes que se abrieron en contra del presidente de la Mesa Directiva del Congreso. En el marco de dicho punto, Alejandro Soto Reyes tomó la palabra a fin de ejercer su derecho a la defensa y buscó deslindar de la denuncia de oficio emprendida en su contra que fue aprobada a comienzos de octubre de este año.

“No cometí ninguna falta ética”, aseveró el legislador perteneciente a la bancada de Alianza para el Progreso; quien además solicitó “que se archive la investigación por presuntamente haber promovido una ley que modificó el plazo de procesos judiciales para beneficiarse”.

Entre sus alegatos, detalló que “la imputación proviene de un medio de comunicación; segundo, que no soy el autor de la ley”. “El autor es el colega Flavio Cruz Mamani, tampoco soy parte de los colegas que suscribieron este proyecto de ley. No soy miembro ni he sido miembro de la Comisión de Justicia. En la votación, he votado en contra de este proyecto de ley”, insistió Soto Reyes como respuesta a los cuestionamientos.

Un detalle importante de su paso por la Comisión de Ética, es el momento en el que rescató que su caso ya había sido archivado antes de que sea proclamada la ‘Ley Soto’; en marzo de este año. Soto Reyes afirmó fehacientemente su inocencia tanto en la vía judicial como en el caso ante Ética; pero no aclaró los motivos por los que, años después de esa primera declaratoria de sobreseimiento, el Poder Judicial dispuso la reapertura del caso en su contra.

“Antes de la declaración de esta ley, un juez determinó fundado el sobreseimiento de ese proceso, con la causal de que el hecho imputado no era atípico”, detalló Soto en sus descargos.

Lo que no aclaró es que, este archivamiento se dio por medio de una resolución judicial emitida por el juez Carlos Román Gil, perteneciente al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco y había sido cuestionada y apelada por la empresa demandante, Transportes Waynapicchu S.A.

En la apelación, a la que este medio accedió; se determinó que este archivamiento por preescripción que se dio fue posteriormente declarado nulo por la Primera sala de Apelaciones de Cusco, la cual consideró que el juez había incurrido en un “vicio procesal que inevitablemente genera nulidad”.