Bertha Rojas, la madre del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, declaró este lunes que su hijo no se ha entregado a la justicia debido a las amenazas que recibe desde que fue condenado, en octubre último, a tres años y medio de cárcel por el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’.
Rojas, actual secretaria nacional de Cultura del partido, aseguró que Cerrón no ha dejado el país y no pedirá asilo político, pese a que lo considera un perseguido. “No puede presentarse porque no hay garantías. Mi hijo no tiene por qué salir del país, va a demostrar su inocencia [como lo ha hecho] anteriormente”, dijo en una conferencia de prensa realizada en el Congreso, donde estuvo acompañada de la legisladora María Agüero.
“Si es necesario, iremos a instancias superiores. [...] Él no está prófugo, simplemente está conservando su vida. Nadie me garantiza que a mi hijo no lo van a matar. Quien habla también está perseguida, conmigo están haciendo una extorsión económica”, siguió en referencia a la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dispuso congelar sus cuentas bancarias tras ser incluida en una investigación por lavado de activos en el presunto financiamiento ilegal de la campaña.
“Ya han debido revisar quién me ha depositado, cuánto dinero tengo. Hasta ahora no lo han hecho. ¿Ustedes pueden vivir sin sueldo? Yo vendo mis libros desde 1991 y he trabajado 45 años. No soy simple profesorita. [...] Eso se llama extorsión, asesinato lento”, remarcó evidentemente molesta.
Además de enviarlo a prisión, el tribunal también impuso a Cerrón el pago de una reparación civil de 800.000 soles y su inhabilitación para ejercer cargo público durante casi cuatro años. El político ejerció como gobernador de la región de Junín entre 2011 y 2014, cuando se produjo el hecho por el que fue imputado.
De acuerdo con la Fiscalía, Cerrón y el representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, Luis García, suscribieron un contrato para la construcción de la terminal aérea en Junín, sin considerar el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que señaló que el diseño final debía contar con su opinión favorable.
A inicios de 2023, el líder de Perú Libre fue condenado en primera instancia por este caso, pero el fallo solo se cumpliría si era ratificado por un tribunal superior, como ocurrió a inicios de octubre. “Mi hijo no tiene una sola prueba que ha sacado dinero del Estado, lo único que ha hecho es cumplir el mandato de los consejeros de la región, ellos aprobaron [...] y acordaron declarar como necesidad pública nacional [la construcción del aeródromo]. Están sentenciándolo de manera malévola”, consideró su madre.
Cerrón ya fue sentenciado en agosto de 2019 por un tribunal de Junín a cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar en la cárcel) por negociación incompatible. A mediados del 2022, además, el Poder Judicial ordenó varias medidas restrictivas en su contra en el marco de otra investigación en su contra por presunta afiliación a organización terrorista.
Y en agosto del 2021 fue imputado por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre, una acusación que salpica al actual congresista y entonces primer ministro Guido Bellido, además de otras 15 personas.
El abogado Luis Mayhua, quien lo respalda legalmente, ha señalado que su patrocinado se pondrá a disposición del Poder Judicial una vez que sea resuelto el recurso de casación presentado ante la condena, aunque no precisó en qué parte del país se encuentra.
Para el general Luis Flores, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, Cerrón “tiene muchos conocidos” del gobierno de Pedro Castillo que lo están “ayudando” a evadir la justicia. Incluso, todavía figura como titular de la cuenta bancaria en la que Perú Libre recibe el dinero del financiamiento público directo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deposita a las agrupaciones representadas en el Congreso, según El Comercio.
“Eso hay que preguntar a la tesorera del partido, yo soy secretaria de Cultura, cada quien cumple sus funciones”, dijo al respecto la madre del político, quien señaló que el último sábado se efectuó un allanamiento “arbitrario” en su vivienda. “No es ningún cobarde. Lo han amenazado de muerte. ¿Quién garantiza que no lo van a matar? Tenemos todo el derecho de preservar su vida”, zanjó.