El Ministerio Público ha intervenido este lunes la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en Lima para realizar una diligencia ante la presunta contratación irregular de funcionarios en su Dirección de Servicios Disciplinarios (DPP), un caso expuesto en la víspera por Punto Final.
El sexto despacho de la Primera Fiscalía especializada en delitos de Corrupción llegó esta tarde a las oficinas del distrito de San Isidro para solicitar expedientes administrativos, contratos, órdenes de servicio y currículums de personal. La recolección de información se extendió por casi dos horas y contó con la participación de Imelda Tumialán, titular de la JNJ.
“Los involucrados están cooperando en la entrega de la información”, añadió desde los exteriores. De manera paralela, una comisión de control de la Contraloría se acreditó ante la JNJ para indagar este caso que involucra a siete trabajadores de la DPP, un área a cargo de la abogada Marielka Nepo, según El Comercio.
Esta dirección brinda soporte técnico y jurídico a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios en la tramitación de denuncias, investigaciones y procesos seguidos contra jueces, fiscales y jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
De acuerdo con el dominical, los implicados provienen de un mismo círculo de amigos y al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.
Después del informe periodístico, la JNJ anunció en un comunicado que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios inició una investigación interna para “determinar responsabilidades si fuere el caso, debiendo emitir el informe y las recomendaciones pertinentes en el más breve plazo”.
El organismo también precisó que la selección del personal de apoyo de la DPD (auxiliares, técnicos y analistas) está a cargo de un comité designado por la Dirección General, conformado en cada convocatoria por un representante de esta unidad, quien lo preside, un representante de la Oficina de Recursos Humanos y un representante de la misma DPD.
“El procedimiento es público y transparente. Está regulado por una directiva interna y tiene varias etapas, como la evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista personal”, se lee en el texto. La Junta remarcó, además, que los procesos de selección para Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de los siete funcionarios fueron realizados entre 2020 y 2022, “sin que se hayan presentado observaciones”.
La decisión respondió a una denuncia de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) debido a que la medida cautelar aprobada por el tribunal provocó la suspensión de la sesión plenaria en la que los legisladores iban a debatir y votar la destitución de los juristas.
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