El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, respaldó este lunes la demanda que lleva desde hace dos años la presidenta Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organismo del Estado donde trabajó entre 2007 y 2022.
Según un informe difundido en la víspera por Panorama, la mandataria exige el pago de más de 48 mil soles por concepto de pago de beneficios laborales y sindicales, en un proceso legal que inició después de presentarse, sin éxito, a las elecciones parlamentarias extraordinarias del 2020 por Perú Libre.
“Quisiera hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién es el secretario, relator, juez, vocal supremo que ha sido presionado por la presidenta en estos procesos? Esa sería una pregunta que se caería por su propio peso para que tenga relevancia la demanda de una ciudadana que, en su momento, interpuso una acción para la mejor defensa de sus derechos laborales. Además, es un proceso que continúa”, dijo Otárola durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“Dejemos que el Poder Judicial actúe. No van a encontrar a un solo funcionario que vaya a presionar a ningún magistrado, fiscal o funcionario que deba tomar decisiones. Estamos confiando en que esto se resuelva en el plazo que lo determine el Poder Judicial, y punto”, zanjó antes de pasar a otra pregunta.
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se declaró preocupado porque, bajo su mirada, el informe periodístico “pretende señalar que los derechos laborales tendrían que caducar cuando alguien ejerce un cargo público, nada más alejado de la verdad”.
Boluarte “inició su demanda cuando era trabajadora y ha tenido dos sentencias favorables, que han sido parte de procesos que en el sector el sindicato había ganado. Lo que está haciendo es ejercer su derecho a percibir los beneficios que le correspondían, que son derechos imprescriptibles y no se pueden renunciar”, dijo en su alocución a los medios.
“Sin embargo, hay que descartar que la presidenta, en el ejercicio de su función, haya ejercido algún tipo de presión o influencia, como pretende dar [a conocer] este reportaje”, remarcó. En su petitorio, la gobernante indica, entre otras cosas, que le correspondía el “bono por cierre de pliego, canasta de navidad, uniforme, bonificación por cierre de pliego, aumento de canasta de navidad” por tener un contrato laboral especial (CAS).
Según el dominical, en noviembre de 2021, como parte del proceso, se realizó una audiencia de conciliación entre Boluarte y Reniec, aunque la demandante mantuvo en el monto exigido y no hubo acuerdo. Al mes siguiente, el Poder Judicial ordenó al organismo pagarle cerca de 300.000 soles, además de vacaciones no gozadas e indemnización vacacional, 60.432 soles por CTS y 84.151 soles por concepto de beneficios sindicales.
Posteriormente, en mayo del 2022, fue emitida una segunda resolución a favor de la jefa de Estado, con lo cual queda expedita a cobrar en el 2025 parte del dinero que reclama. Reniec ha vuelto a apelar, ya que estas pretensiones “han excedido lo exigible como pago”, de acuerdo con el procurador público del organismo, José Espinoza.
Boluarte ingresó a la entidad en 2007 y desde el 2015 era jefa encargada de la Oficina Registral del distrito de Surco, donde dimitió en abril de 2022, cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo (2021-2022) y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Siete meses después, ante el fallido autogolpe, asumió la jefatura de Estado para completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero de inmediato las calles le recordaron el enojo de la población con la clase política y decidió plantear, sin éxito, un proyecto legislativo para el adelanto de las elecciones generales en abril de 2024.