César Acuña: PJ dispone el lavantamiento del secreto de las comunicaciones por caso Cuellos Blancos

Fundador de Alianza para el Progreso (APP) se encuentra implicado en la investigación en la condición de coimputado. Orden judicial se extiende hacia su hermano Humberto y otras cinco personas

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César Acuña se encuentra en calidad de "testigo impropio" en el caso por el que se solicita el levantamiento de las comunicaciones.
César Acuña se encuentra en calidad de "testigo impropio" en el caso por el que se solicita el levantamiento de las comunicaciones.

El político y empresario fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente bajo la polémica, luego de que el Poder Judicial dispusiera en su contra el levantamiento del secreto de sus comunicaciones en el marco de las investigaciones que se realizan por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La medida abarca también a su hermano Humberto Acuña y otros cinco coimputados en el caso que se encuentran en condición de “testigos impropios”.

La orden de este levantamiento de comunicaciones se dio este lunes 20 de noviembre y provino desde el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del Juez Juan Carlos Checkley, quien es el encargado de llevar el proceso que la Fiscalía de la Nación ejecuta en contra de los exjueces César Hinostroza y Angel Romero; así como del exfiscal Tomás Gálvez Villegas.

Según la disposición fiscal, las pesquisas forman parte de la investigación preliminar iniciada en contra del empresario. Junto a él, también se dispuso el levantamiento del secreto de Mario Mendoza, Guido Aguila y otros tres personajes también investigados bajo la condición de testigos impropios; una categoría del derecho procesal que plantea que se trata de “una persona llamada a declarar como testigo en un proceso penal donde se ventilan hechos que lo involucran”; al mismo tiempo en el que este mismo tiene abierto “un proceso penal” por hechos relacionados.

Fundador de APP se pronunció sobre la denuncia periodística en su contra. | Gobierno Regional La Libertad
Fundador de APP se pronunció sobre la denuncia periodística en su contra. | Gobierno Regional La Libertad

¿Qué comunicaciones de Acuña serán revisadas por la Fiscalía?

Según lo anunciado por el Poder Judicial, el levantamiento de las comunicaciones del fundador y líder del partido Alianza para el Progreso abarcará las fechas del 23 de enero del 2015, hasta un año después, el 31 de enero del 2016. En la solicitud se ha “requerido a las empresas operadoras de telecomunicaciones” que realice el “registro histórico de llamadas (entrantes y salientes)” realizadas por Acuña Peralta durante un año.

Pero no solo eso, según la solicitud del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también ordenó que se recaben los datos provenientes de los mensajes de texto emitidos desde el celular de Acuña Peralta durante ese mismo periodo, sobre el que se han centrado las investigaciones del Equipo Especial Cuellos Blancos del Ministerio Público.

Si bien los hechos delictivos enmarcados por el Consejo Nacional de la Magistratura, el extinto órgano encargado del nombramiento de jueces y fiscales supremos, fueron perpetrados durante el 2018 y 2019; las investigaciones que se han emprendido respecto al año 2015 están enfocadas en investigar “un presunto favorecimiento” del que el prófugo exjuez disfrutó.

El presunto nexo entre César Acuña y César Hinostroza

Según el pedido hecho por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el motivo de este pedido de levantamiento de secreto de comunicaciones se basa en este supuesto favorecimiento. En él se señala que tanto Hinostroza, como Romero y Gálvez habrían tenido beneficios adicionales para ser elegidos como magistrados supremos en la convocatoria realizada por la CNM en el año 2015.

Según el medio Gestión, se espera que con estas pesquisas se pueda detallar la relación de las líneas telefónicas registradas en los celulares, tanto de investigados como de testigos impropios en dicho periodo. La medida ha sido dispuesta por Checkley para ser ejecutada en un plazo máximo de 48 horas. Transcurrido este periodo la Sala del PJ se encargará de revisar el informe elaborado por la Fiscalía de la Nación justificando los resultados de esta orden.

Previamente, la defensa de Acuña se había mostrado en contra de esta orden, pues consideraba que la solicitud del Ministerio Público “vulneraba el principio de legalidad procesal”, no obstante, esta apelación fue rechazada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

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