Perú registra alza de conflictos sociales activos: 176 en octubre

El último mes de octubre, Perú registró un total de 224 conflictos sociales, de los cuales 176 están activos, es decir, que los actores que se manifiestan han realizado actos de protesta, durante ese periodo de tiempo, para visibilizar sus demandas, según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. En comparación con meses anteriores de 2023, los conflictos vienen en alza, y solo figuran dos casos como resueltos por las autoridades peruanas.

En regiones como Loreto, Áncash, Ayacucho, Puno, Junin, Cusco (en Chumbivilcas) y Cajamarca (en Cajabamba), los indicadores de tensiones sociales muestran un incremento, sobre todo por la presencia de actividades extractivas. Las cifras de la Defensoría del Pueblo reflejan que la gestión de los recursos naturales y su impacto medioambiental se han convertido en un asunto crítico.

De la totalidad de conflictos, 138 conflictos son socioambientales, representando el 61.6% de los desacuerdos a nivel nacional. Estos fueron seguidos de conflictos de carácter comunal que constituyeron el 10.7%, con 24 casos. Los datos subrayan la persistente tensión entre las operaciones industriales y las comunidades locales, pues las primeras vulneran sus derechos a la salud, vivienda y ambiente.

De la totalidad de los conflictos socioambientales, la mayoría, con un 67.4% (93 casos), están asociados a la minería. Otros 28 casos (20.3%) se relacionan con la industria de hidrocarburos. Estos porcentajes resaltan cómo las autoridades peruanas tienen una baja propuesta por la resolución de conflictos y protección ambiental.

Además, también hay un fuerte presencia de protestas a nivel nacional como la de los profesionales de la salud a nivel que exigen justos salarios y los docentes universitarios que reclaman nivelación en sus remuneraciones. Estos datos son particularmente relevantes ante su escasa visibilidad en eventos como la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), cuestiona el ex viceministro en gestión ambiental, José de Echave, en sus redes sociales.

Son 161 conflictos sociales que al menos presentaron un hecho de violencia, según reporta la Defensoría del Pueblo. La proyección de un aumento en la cantidad de conflictos se basa en hechos recientes que han agitado la estabilidad en varias áreas. Las protestas en la educación y salud pública se han intensificado, mientras que disputas territoriales y ambientales en diversas comunidades han escalado. Aun así, la preocupación radica en la falta de diálogo.

El incremento de conflictos puede tener un efecto dominó en diversos sectores del país, afectando tanto la inversión económica como el bienestar social. La Defensoría del Pueblo señala que es crucial una pronta atención y mediación en estos casos para prevenir escaladas de violencia y resolver las tensiones de raíz.

En el distrito de Huanta, Ayacucho, diversos comités, entre ellos el Comité de Lucha por los Derechos de la Población de Huanta y el Comité de Regantes, llevaron a cabo acciones de protesta contra las operaciones de las mineras Golden Fox y San Vicente de Putca. Las manifestaciones se originaron por temores de impacto ambiental en la cuenca hidrográfica Razuhuillca y áreas aledañas como el distrito de Chaca.

Los pobladores han reiterado la necesidad de que se honren los acuerdos socioambientales, ya que perciben un déficit en la implementación de prácticas responsables por parte de las empresas mineras. Estas exigencias vienen dadas tanto por el impacto ambiental potencial de la minería en estas zonas rurales como por la importancia que tiene la tierra para la vida y economía local.

Profesores universitarios en Perú, bajo el amparo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) y la FENDUP Histórica, iniciaron una huelga nacional indefinida el pasado 26 de septiembre de 2023. El paro tiene como objetivo principal la reclamación por una nivelación y homologación de sus salarios con los percibidos por los magistrados del Poder Judicial, entre otras demandas laborales.

Las exigencias de los docentes no se limitan únicamente a la cuestión salarial, sino que también incluyen mejoras en las condiciones de trabajo y un mayor presupuesto para las universidades. El movimiento huelguístico refleja la creciente insatisfacción del gremio docente respecto a la valoración de su profesión y la calidad de la educación superior en el país. La huelga nacional ha generado preocupación en el ámbito académico, afectando a miles de estudiantes universitarios en todo el territorio peruano. Los docentes universitarios han llevado a cabo diversas manifestaciones y movilizaciones para hacer visible su lucha.