La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, denunció el viernes que su despacho ha recibido amenazas después de destapar actos de corrupción, aunque evitó ahondar en detalles “por respeto a la integridad” de los funcionarios afectados.
“Las amenazas son de diferente tipo... llamadas, mensajes diciendo ‘tú no sabes con quién te estás metiendo’ y cosas de ese tipo. Yo he recibido amenazas hasta hace seis meses, pero gente que colabora conmigo lo ha hecho [recientemente]”, dijo en una rueda de prensa.
“Estamos generando malestar y fastidio a varias personas que están acostumbradas a que el ministerio sea su fuente adicional de ingreso. No puedo decirle quién nos amenaza, pero son parte de las redes que existen. Estamos malográndoles el negocio, la corrupción ha estado aquí instalado por muchísimos años”, continuó.
En mayo pasado, Pérez de Cuellar mencionó que había heredado “una cartera corrupta” al responsabilizar directamente a su antecesor, Geiner Alvarado, recluido de manera preventiva mientras investigado por integrar una presunta una organización criminal en el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).
El exministro es considerado un operador de esta supuesta trama corrupta, junto con el expremier Aníbal Torres y el extitular de Justicia, Félix Chero. En esta red, según la tesis fiscal, también estaría implicado el círculo más íntimo del exmandatario, incluida su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes.
Un mes después de inculpar a Alvarado, la ministra ordenó una auditoría que produjo la remoción de todo el directorio del programa del Fondo MiVivienda (FMV), donde la corrupción generó pérdidas al Estado por más de 148 millones de soles, según la Procuraduría General de la República.
La principal implicada en esta trama es la encarcelada empresaria Sada Goray, quien ha admitido el pago de millonarios sobornos para lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria. El intermediario de las coimas entre ella y Salatiel Marrufo, exasesor del exministro, fue el periodista Mauricio Fernandini.
La empresaria, quien cumple prisión preventiva por cargos de colusión agravada y negociación incompatible, también enfrenta una investigación por lavado de activos junto a otras 27 personas y diez empresas. El fiscal Hugo Minaya, especializado en corrupción de funcionarios, determinó esta semana que existen elementos suficientes para emprender una nueva pesquisa por este delito.
A fines de junio, Pérez de Cuellar instaló la Comisión por la Integridad para fiscalizar y trasparentar las acciones del pliego, y paralelamente anunció un estudio “para conocer el impacto de la corrupción en el sector”, el mismo que cuantificaría “los servicios que se han dejado de brindar a la población más necesitada”.
En la rueda de prensa donde se refirió a los mensajes extorsivos, la ministra también hizo mención a un informe de la Contraloría que alertó de un retiro no justificado de S/1.004,95 de la caja chica de la cartera, cuyo objetivo es atender gastos urgentes no programados. Punto Final reveló, sin embargo, que el dinero fue destinado banquetes de comida criolla y bocadillos de cafetería.
“Niego que se halla perdido un solo sol del ministerio. Lo que ha ocurrido es que la funcionaria, que estaba a cargo de administrar la caja, retiró dinero y en vez de devolverlo de manera inmediata, tuvo una demora. Por eso ya la hemos retirado de función”, señaló.
Asimismo, replicó a las declaraciones del contralor Nelson Shack, quien expuso que, a poco de cerrar el 2023, el avance en las obras de prevención ante la llegada del fenómeno de El Niño registra altos niveles de retraso y solo se ha gastado solo el 30% de lo previsto.
“Para aclarar a todos aquellos que insisten en que no tenemos un plan, aquí está. El Gobierno sí tiene un plan. Uno del Ejecutivo y uno del sector”, siguió en referencia al Plan Multisectorial del Fenómeno de El Niño 2023-24 y el Plan de Acción del MVCS ante el Fenómeno El Niño 2023-24, respectivamente.
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