El fracaso del estado de emergencia en SJL: los asaltos y asesinatos continúan mientras la presencia policial es escasa

En San Juan de Lurigancho, uno de las zonas en donde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió extender el estado de emergencia hasta el 17 de enero del 2024, ciudadanos reportan que la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) es escasa.

Infobae Perú, en el recorrido que hizo por tres de sus vías más importantes (avenida Próceres de la Independencia, avenida Flores de Primavera y avenida Canto Grande), comprobó que el clamor de los vecinos del distrito más poblado de América es cierto: no hay autoridad que cuide las calles.

Por varios de sus kilómetros no se observó resguardo policial alguno, pese a que los casos de extorsión, sicariato, cobro de cupos, entre otros, continúan con total impunidad dentro de SJL desde que se declaró el primer estado de excepción, el pasado 19 de setiembre.

De acuerdo a datos brindados por el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol) de la PNP, solo entre setiembre y octubre del 2023, se registraron 8.406 delitos: 39 homicidios, 272 extorsiones, 1252 hurtos, 676 robos, 194 estafas, etc.

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, es una voz autorizada para hablar al respecto. Él, tras comandar la lucha contra la inseguridad en Chiclayo y Callao, logró frenar los casos de sicariato, extorsión, secuestros y guerra de pandillas.

Gracias a su trabajo al frente de ambas provincias, se redujo con creces la incidencia delictiva por un prolongado periodo de tiempo en las mencionadas jurisdicciones. ¿Cómo lo hizo? Explicó que no necesitó de más policías, solo con estrategia, credibilidad y, sobre todo, liderazgo.

“El estado emergencia solo es una declaratoria en papel. En el Callao, no recibimos ni un apoyo, ni policías extras. Todo fue gracias a la estrategia y, sobre todo, saber liderar, este es un requisito fundamental para combatir la delincuencia”, declaró a Infobae Perú.

“No se trata de abusar de los derechos humanos o abuso de autoridad, se trata de que la gente perciba que tiene policías confiables, que trabaja bien y que hace que las personas puedan confiar. No se trata de molestar al ciudadano honrado”, agregó.

Según consideró, las autoridades solo están engañando a la población con todas las medidas impuestas este año. Este es uno de los motivos por lo que que cada vez son más las personas que han decidido hacer justicia por sus propias medios, como se ha visto recientemente en El Agustino y La Victoria.

“Es por eso que la población de El Agustino y La Victoria se levanta, ya no confían ni creen en la autoridad para que les de seguridad. Ahora ellos mismos buscan hacer justicia por manos propias. Esto es una cachetada al aparato estatal, a las instituciones, a los que están llevando el comando”, complementó.

En esto coincidió el experto en seguridad ciudadana Frank Casas, quien también lamentó que el Ejecutivo subestime el razonamiento de la población al brindar cifras que no describen la realidad, como decir que “los delitos se han reducido en un 30% por las denuncias que vienen recibiendo, cuando más del 80% de las personas no denuncian los crímenes por desconfianza a la población, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)”.

“Es posible que esto se extienda si es que no hay algún tipo de cambio en la forma en que enfrentan el problema de la criminalidad. De seguir así, las autoridades solo que corra más sangre en el río, esperemos que no sea así”, continuó.

Aliaga Lodtman manifestó que el fracaso del gobierno en cuanto a asegurar el bienestar de los ciudadanos “es clarísimo”. Según consideró, no era necesario extender el estado de emergencia, ya que no se ha conseguido nada con esta medida, en su lugar, se debió hacer hincapié en mejorar la calidad del trabajo de la Policía Nacional, así como el de la fiscalía y el del Poder Judicial.

“Lo que está fallando es el liderazgo de los comandos (de la PNP). Muchas responsabilidades tienen aquellos políticos que alegremente dieron de baja a muchos generales capaces y competentes por poner a sus ‘amigotes’ que no tenían las capacidades y que ahora han traído al país a una situación de inseguridad”, continuó.

En tanto, Casas precisó que todos los “esfuerzos” del Ejecutivo por frenar la ola de criminalidad solo denotan tres realidades: “ignorancia, incapacidad o había certeza de que este tipo de acciones no iban a reducir los delitos, pero aun así se la vendió a los ciudadanos como la herramienta más eficaz”.

“No existe ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo algún tipo de evidencia, llámese estudio técnico, estudio científico, informe oficial o no oficial, que diga que la declaratoria al estado de emergencia puede reducir el número de hechos delictivos”, precisó.

“En el gobierno está claro un patrón, desde hace meses nos prometen estrategias para reducir los delitos, pero estas estrategias no existen. Como el plan Boluarte, del cual no hay ninguna oración o párrafo que nos dé cuenta de cuál es”, complementó.