Un estado de emergencia insuficiente en San Juan de Lurigancho: un promedio de un muerto por día

Hace un año, las estadísticas de Medicina Legal de Lima Este revelaban una perturbadora realidad en San Juan de Lurigancho (SJL), que superaba al Callao en cantidad de asesinatos, sumergiendo al distrito en una “cultura criminal” no vista antes.

Durante el 2022, el equipo forense se encontraba frente a la sombría tarea de recoger un promedio de un cadáver cada tres días, en su mayoría, personas que habían sido víctimas de extorsión y asesinatos por encargo, según dijo el médico forense Jhon Cruz en Latina Noticias.

“Y no solo es el asesinato de personas vulnerables por uno o dos disparos, sino también el exceso y la brutalidad”, mencionaba.

Este año, 2023, la situación parece no mostrar mejora, sino empeorar. A pesar de la implementación de un decreto de emergencia desde el 20 de septiembre con la intención de controlar la situación, la muerte y los robos no han cesado.

Datos de la Policía Nacional ofrecidos para Infobae Perú señala que entre enero y los primeros días de octubre se han registrado un aproximado de 90 homicidios, y ello no es todo. Solo entre setiembre y octubre— el primer mes con el estado de emergencia— sucedieron 39 homicidios en SJL.

Un promedio de una muerte por día, ese fue el resultado del primer mes del estado de emergencia que la gestión de Dina Boluarte, de mano del entonces ministro del Interior, Vicente Romero, ejecutó, con una mínima presencia policial y militar en las calles, una situación contraria a lo que se había prometido en aquella declaratoria Nº 105-2023-PCM.

Como se recuerda, el 20 de setiembre inició el estado de emergencia por 60 días en San Juan de Lurigancho debido a los índices de criminalidad que desangraba a la población de esta zona de Lima Este. Este 18 de noviembre dio por finalizado la medida y hace unos días el Ejecutivo decidió ampliarla por otro periodo igual.

Si hablamos de San Martín de Porres (SMP), otro distrito que también fue decretado en emergencia conjuntamente con SJL, su autoridad edil ha señalado que el decreto sí ha ayudado a disminuir los índices de criminalidad, pero, ¿por qué en San Juan de Lurigancho no hay la misma percepción?

Infobae Perú intentó en varias ocasiones comunicarse con el alcalde Jesús Maldonado, quien ha preferido no responder a nuestro medio por razones que su Gerencia de Imagen tampoco ha explicado.

Quien sí respondió a nuestro llamado, a pesar del su mal estado de salud, fue Juan Carlos Rodríguez Guerrero, quien hasta inicios de noviembre fue Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, pero tuvo que dejar el cargo por razones personales, según indicó.

Para Rodríguez Guerrero, la complejidad de su distrito no atendida por varios gobiernos ha sido causante de que las organizaciones criminales crezcan en medio de la pobreza y operen a una escala que hoy parece ser superior a la institución policial.

“La policía local hace sus esfuerzos, pero qué pasa: falta investigar el delito, falta ir al núcleo que es el crimen organizado porque son bandas organizadas que planifican sus crímenes, los ensayan, los organizan, los administran. Falta mucho más trabajo, creo yo en inteligencia policial”, señaló.

Pero no es a la Policía a quienes se le debería responsabilizar de que el estado de emergencia de estos dos meses no haya cumplido las expectativas, sino al liderazgo en el Ministerio del Interior.

Sin embargo, la cifra que menciona Rodríguez se queda corta debido a que en los últimos días de octubre sucedió una consecutiva matanza perpetrada por sicarios, con las que se sumaron casi 40 homicidios.

César Ortiz Anderson, analista de Seguridad y presidente de Aprosec, señaló a Infobae Perú que el estado de emergencia aplicado en San Juan de Lurigancho fue más declarativo que “operativo”, y que se hace mal en pensar que la presencia militar de Las Fuerzas Armadas pueden “disuadir” a los delincuentes.

“Eso no lo entienden. Nunca el Ejército va por combatir al delito urbano, eso que quede claro. A la gente la engañan muy fácilmente y no es así”, sostuvo en referencia a la medida establecida por el exministro Vicente Romero.

En sentido, indicó que es necesario que se cambien las estrategias en la prórroga del estado de emergencia para este distrito. “Si vamos a hacer más de lo mismo, va a ser el mismo resultado. Al igual que, si la presidenta Boluarte va a escoger más de lo mismo en cuanto a un ministro del Interior, bueno, no esperemos resultados distintos”, sostuvo.

Para el especialista, el exministro Vicente Romero no ha cumplido con la esencial labor de fortalecer y modernizar la Policía como se requiere en una situación delictiva como la que enfrenta SJL y todo el país. Resaltó además que la “falta de voluntad política” es un problema que se arrastra desde el gobierno de Pedro Castillo.

“Y cuando hablo de este gobierno hablo del inicio con Pedro Castillo, que prácticamente fue un gran culpable de que hoy día estemos pagando una alta factura por inseguridad”, señaló el entrevistado quien citó además un estudio del APROSEC.

Según explicó, el Tren de Aragua, durante el gobierno de Castillo, buscaba donde colocar su centro de bases en Latinoamérica y eligió Perú porque le atrajo la corrupción y un sistema de justicia y seguridad debilitado que tampoco se atendió en esa época.

Pese a la crítica que alcanza también al gobierno de Dina Boluarte, el especialista consideró inconveniente la salida de Vicente Romero del Mininter, una cartera que hasta el cierre de esta nota no cuenta con titular y que debe esperar a un remplazo hasta que la presidenta regrese de su viaje a Estados Unidos.

“Entre quien entre, está tan caliente esta problemática, este fenómeno, que en el corto plazo no va a hacer nada, no va a poder hacer nada”, mencionó.

Ortiz consideró que hubiese sido más conveniente mantener a Romero hasta el 2023 y luego sacarlo porque si algo es evidente, sus estrategias no han funcionado.

“Los resultados son los que hablan, y no ha habido eso (buenos resultados). Malas estrategias, malos diseños, no ha habido planificación, los estados de emergencia no han funcionado bien. No han funcionado como nos han dicho. O sea, ¿qué cosa quiere? ¿Seguir engañando a una población que ya está harta de toda su inseguridad?”, concluyó.