La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, informó que envió una carta al gobierno de Dina Boluarte para mostrar su preocupación por los intentos del Congreso de la República para remover al pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas “faltas graves” en el ejercicio de sus funciones.
En el escrito se da cuenta que se presentaron denuncias contra los consejeros Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por permitir que Inés Tello permaneciera en la JNJ a pesar de que presuntamente superó el límite de edad legal. Además, por el pronunciamiento que sacaron en torno al caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Seguidamente, se recuerda que algunos congresistas pretenden reformar la JNJ con sendas iniciativas y lo más reciente que es la investigación sumaria en la Comisión de Justicia, donde fue promovida por bancadas de derecha como el fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País.
Al respecto, desde Naciones Unidas consideran que “la causa grave” en la que los integrantes de la JNJ habrían incurrido “no se encuentra tipificada en ninguna norma nacional, por lo que su aplicación podría prestarse a diversas interpretaciones”.
De otro lado, cuestionaron que el reciente proceso iniciado contra la Junta Nacional de Justicia se haya iniciado en base a “afirmaciones en un programa periodístico y un diario, sin más pruebas al respecto”, en clara referencia al espacio Combutters de Willax y el medio Expreso.
Por ello, la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados le solicitó al Ejecutivo que dentro de un plazo de 60 días pueda informar “de qué manera los diferentes proyectos de ley mencionados cumplen con las normas y estándares internacionales en materia de independencia de la judicatura”.
Adicionalmente, le reiteran a la gestión de Boluarte que detalle las medidas adoptadas para que los miembros de la JNJ puedan ejercer sus funciones “sin hostigamientos, presiones ni amenazas externas, incluyendo, amenazas de inhabilitación o persecución penal sin seguir un debido proceso”.
Cabe precisar que en la carta de la relatoría de la ONU también se refirieron al acoso que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, recibe desde el Parlamento que pretende sacarlo de su cargo y las intenciones de capturar también la Procuraduría general del Estado a través de sendas iniciativas legislativas.
Ante la misiva remitida desde Estados Unidos se debe recordar que Boluarte se pronunció sobre la arremetida que el Congreso comenzó contra la JNJ.
“Respecto de la Junta Nacional de Justicia, (...) Mire, yo creo que nadie está exento a que lo investiguen, si a la presidenta de la República la investigan y a los ministros también, yo creo que es correcto que nos investiguen”, detalló la mandataria a los periodistas en el marco de su presencia en el 78° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Proceso paralizado
El 7 de noviembre pasado se tenía proyectado que el Pleno ponga a debate el informe final de la Comisión de Justicia que recomendó destituir a la JNJ por presunta “falta grave” en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la sesión se suspendió a raíz de que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró “fundado” una medida cautelar a favor de los magistrados.
El fallo judicial generó rechazo entre los parlamentarios, quienes pretendieron desacatarla y seguir con la remoción de la JNJ. No obstante, retrocedieron en su decisión debido a las graves consecuencias penales que podría recaer y anunciaron que iban a reprogramar la discusión en otra ocasión. La Mesa Directiva de Alejandro Soto informó que iba apelar a tal decisión ante el Poder Judicial y solicitó al Tribunal Constitucional que dejará sin efecto la medida cautelar.
En paralelo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales estaría recibiendo este lunes 20 el informe de calificación elaborado por el parlamentario Esdras Medina (Unidad y Diálogo) si procede iniciar o no una investigación contra la JNJ por infracciones a la Carta Magna en el ejercicio de sus funciones.
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