La Fiscalía de la Nación presentó ayer una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y su exministra de Justicia, Ana Revilla, ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal debido a la presunta designación irregular del actual procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, en el 2020.
En el documento remitido ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al que Infobae Perú tuvo acceso, se tiene la tesis que Vizcarra Cornejo y Revilla tuvieron un “interés indebido” en la elección de Soria Luján, quien no habría cumplido con uno de los requisitos legales para el cargo como tener experiencia en la defensa jurídica del Estado.
Al respecto, se anota que el secretario del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Jim Mijichich Loui, elaboró el documento con los puntos que debía cumplir quien fuese a liderar la Procuraduría. Además, adjuntó lo presentado por Soria: haber sido asesor I de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
En dicha entidad, el abogado elaboró demandas en procesos de inconstitucionalidad y acción popular para garantizar la defensa jurídica de la Constitución y del Estado de Derecho.
Sin embargo, la Fiscalía considera que esta actividad es ajena a las descritas en los artículos 5 y 15 del Decreto Legislativo N.° 1326 que fue promulgado el 6 de enero del 2017 en el diario oficial El Peruano. Adicionalmente, hizo referencia a un informe de acción de oficio posterior emitido por el Minjus, con fecha 31 de enero de 2022, en el que se concluye que hubo irregularidades en el nombramiento de Soria.
Como se recordará, este documento fue usado por el expremier Aníbal Torres para sacar al letrado de la Procuraduría como excusa tras presentarse la primera denuncia contra el encarcelado expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el caso Puente Tarata.
“Respecto al beneficio que se habría obtenido como consecuencia del hecho incriminado, tenemos que este se habría materializado, en el caso concreto, a través de la designación de Daniel Soria Luján en el cargo de procurador general del Estado, por lo que tal beneficio se habría dado a favor de un tercero; por lo que también concurriría este requisito objetivo previsto por la norma”, se lee en el documento.
“El investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo [en su condición de presidente de la República], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad, se habría interesado indebidamente en la designación de Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado”, añade.
Sin informe técnico
Por otro lado, Vizcarra y Revilla habrían suscrito la resolución suprema del nombramiento de Daniel Soria sin contar con un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que avalará tal acción, cuya obligatoriedad es necesaria porque está comprendido en el artículo 25° del Reglamento de Organización y Funciones de la citada cartera.
“El investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo [como presidente de la República], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad, habría designado a Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado, pese a que éste no habría acreditado contar con trayectoria de la defensa jurídica del Estado”, se menciona.
“La investigada Ana Teresa Revilla Vergara [como ministra de Justicia y Derechos Humanos], de forma dolosa, esto es, con pleno conocimiento y voluntad, habría designado a Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado, pese a que éste no habría acreditado contar con trayectoria de la defensa jurídica del Estado”, acota.
La denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra, destituido del cargo en 2020 por incapacidad moral, se suma a la presentada hace semanas por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) por el cierre del Parlamento en setiembre del 2019.
A la fecha, el exjefe de Estado cuenta con dos inhabilitaciones de la función pública: una por 10 años a raíz del escándalo de vacunaciones irregulares de la COVID-19 a un grupo de altos funcionarios y a sus familiares, mientras que la otra está referida a raíz de la investigación abierta en su contra por vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en la administración de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
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