Poder Judicial ordena que médico legista evalúe de inmediato a Alejandro Toledo

El juzgado dispuso que el expresidente sea revisado en un plazo de 48 horas y que posteriormente se remita un informe al Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional

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Fuente: TV Perú

El Poder Judicial acogió este martes el pedido del expresidente Alejadro Toledo (2001-2006), quien padece cáncer y problemas cardíacos, y dispuso que un médico legista lo evalúe en un plazo de 48 horas para que presente un informe al Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lleva el juicio oral en su contra.

El exmandatario, imputado por presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a la empresa Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica, solicitó seguir el proceso en libertad. Sin embargo, el colegiado resolvió continuarlo bajo modalidad mixta (presencial y virtual).

Según un comunicado, el tribunal hará llegar un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que se facilite al abogado Roberto Su el ingreso de una laptop al penal de Barbadillo, donde Toledo cumple prisión preventiva, así como el acceso a internet durante las audiencias.

En la misma sesión, los magistrados desestimaron el requerimiento para que se excluya de la acusación un documento de Accionistas de Conirsa SA ―consorcio integrado por Odebrecht y las constructoras peruanas— que había sido presentado como prueba.

Resolución del Poder Judicial
Resolución del Poder Judicial

La audiencia continuó con el interrogatorio a otro testigo del caso, Hernando Graña, quien formó parte del directorio de la firma Graña y Montero (hoy Aenza) junto con José Graña Miró Quesada, ahora colaborador eficaz.

Después de la intervención del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo Lava Jato del Ministerio Público, la cita judicial fue suspendida hasta el lunes próximo lunes 20 de noviembre a las 14:30 horas. José Graña había declarado en la víspera que “indudablemente” Toledo y sus ministros tenían injerencia en las bases de la licitación de la Carretera Interoceánica.

También narró que, en octubre de 2005, meses después de la firma del contrato, ocurrió una reunión en las antiguas oficinas de Odebrecht en Perú, donde estuvo Jorge Barata, exsuperintendente de la constructora; Fernando Castillo, exdirectivo de ICCGSA; y Fernando Camet Piccone, exgerente general de JJC Contratistas Generales.

De acuerdo con el colaborador, Barata les comentó a los presentes de “unos compromisos adquiridos” en Brasil y reveló que, en los primeros meses de 2006, el propio Toledo le dijo una frase que lo dejó “muy preocupado” luego de retornar a Lima desde Madre de Dios, donde había inaugurado 10 kilómetros de carretera asfaltada.

“Me dijo algo así como ‘Dile a tu socio que no me meza’. O que no me siga meciendo. La palabra mecer la recuerdo muy bien. Era un mensaje para Jorge Barata. [...] cuando él mismo me dijo eso, quiere decir que el presidente es uno de esos compromisos. [...] Obviamente, no le dije a Barata nada. No me parecía oportuno, además había personas. Pero me quedó la seria preocupación de que efectivamente había un compromiso de Barata con Toledo”, dijo.

El expresidente Alejandro Toledo en la audiencia de juicio oral por lavado de activos y colusión en el caso Interoceánica Sur. Foto: Justicia TV
El expresidente Alejandro Toledo en la audiencia de juicio oral por lavado de activos y colusión en el caso Interoceánica Sur. Foto: Justicia TV

El fundador del partido Perú Posible es sindicado de haber recibido unos 35 millones de dólares de Odebrecht, tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de esta carretera que conecta Perú con Brasil.

La Fiscalía ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta vía; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el caso Ecoteva (sobre la presunta compra de bienes inmuebles y pago de hipotecas con dinero proveniente de empresas constituidas en Panamá y Costa Rica).

Los fondos para abrir las empresas Ecoteva —a nombre de su suegra, Eva Fernenbug—, así como Ecotaste y Ashdan procedían presuntamente del pago de sobornos recibido por la concesión y construcción del proyecto vial.

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