La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), implicado en la designación irregular del procurador general del Estado, Daniel Soria.
El exmandatario es imputado por presunta negociación incompatible y nombramiento ilegal, una acusación que también salpica a Ana Revilla, quien dirigió la cartera de Justicia y Derechos Humanos durante su mandato.
Según el Ministerio Público, la designación de Soria se realizó pese a que no contaba con “trayectoria en la defensa jurídica del Estado, exigida por Decreto Legislativo 1326″; y “sin previo informe técnico o legal de asesoría jurídica” del Ministerio.
El letrado asumió el cargo de procurador en febrero del 2020 y dos años después, el Gobierno dio por concluida su designación mediante una resolución refrendada por el exmandatario Pedro Castillo y el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres.
Semanas atrás de que el Ejecutivo ponga fin a su vinculación con el Estado, Soria había presentado una denuncia contra Castillo por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, a raíz de las reuniones que aparentemente sostuvo con la empresaria Karelim López para que favoreciera al consorcio de empresas que ella representaba en la licitación del Puente Tarata III.
El Centro Liber, que accedió a documentos que sustentaron la destitución, halló indicios de irregularidad en el proceso y difundió testimonios de funcionarios de Justicia que, de alguna manera, dieron conformidad a la hoja de vida para que el abogado ocupara el cargo.
De acuerdo con el portal, el expediente pasó por la Secretaría General y el equipo de Asesoría Jurídica de este portafolio, además del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE). Aunque el entonces secretario técnico del CDJE, Martín Mijichich, dio conformidad al cumplimiento de los requisitos de Soria, consultado por el Centro Liber aseguró que no tenía competencia para aprobar el perfil, aunque admitió que revisó el currículo de Soria a solicitud de Justicia.
Por su parte, el secretario general del ministerio, Carlos Cavagnaro, negó haber hecho el petitorio a Mijichich, quien, según su versión, remitió la propuesta final de la resolución suprema de designación al despacho de Asesoría Jurídica.
Este último despacho, a cargo de Manuel Larrea, revisó y visó los documentos sin emitir ningún informe que cuestionara la trayectoria de Soria, aunque posteriormente advirtió que no acreditó la experiencia requerida.
Vizcarra (2018-2020), destituido del cargo en 2020 por incapacidad moral, enfrenta otra denuncia constitucional junto con su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el escándalo de vacunaciones irregulares de la COVID-19 a un grupo de altos funcionarios y a sus familiares.
Las inmunizaciones en secreto ocurrieron meses antes de que la población pudiera recibirlas, pues no fue hasta el 6 de enero que el Gobierno cerró un acuerdo para que Sinopharm fuera el principal proveedor de vacunas, con 38 millones de dosis.
En diciembre de 2022, el equipo Lava Jato del Ministerio Público solicitó 15 años de pena privativa de la libertad contra el exgobernante por presunto cohecho pasivo propio. La acusación fiscal incluyó dos hechos: el proyecto Lomas de Ilo y la ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua, donde Vizcarra fue gobernador.
Desde 2020, el fiscal Germán Juárez había solicitado interrogar al exmandatario, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en esa región son también investigadas al estar comprometidas en el ‘Club de la construcción’, un grupo de compañías supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
A la fecha, Vizcarra se encuentra inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier función pública a raíz de la investigación abierta en su contra por vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en la administración de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
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