Hace tres años, Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron a causa de proyectiles disparados por la Policía Nacional mientras ejercían su derecho a la protesta la noche del 14 de noviembre. Ambos salieron a las calles del centro de Lima para alzar su voz contra el corto gobierno de Manuel Merino, quien asumió la presidencia de la República luego de que el Poder Legislativo vacara a Martín Vizcarra.
El Ministerio Público abrió investigación contra once miembros de la PNP como posibles responsables de haber usado su fuerza excesiva, y disparar con perdigones de plomo y canicas de vidrio al cuerpo de los manifestantes, dejando 78 personas heridas.
Las familias de Sotelo y Pintado, así como decenas de lesionados de gravedad, esperan justicia. Piden que las investigaciones determinen a los responsables de los hechos, pues ya se realizaron todas las pesquisas necesarias, las pericias forenses y balísticas.
Killa Sotelo, hermana de uno de los fallecidos, dijo esta mañana en entrevista con Nativa, que hay evidencias de lo sucedido por las necropsias. “Los cuerpos hablan”, sostuvo.
“De todas maneras se ha avanzado, pero lento, por la complejidad del caso, y por el crimen que se investiga, que es de lesa humanidad. Ha habido bastantes interrupciones por parte de la Policía Nacional del Perú (quienes ponían excusas y trabas para que la Fiscalía no tome sus declaraciones”, comenta Killa.
La Policía, en reiteradas ocasiones, señalaban que no estaban en Lima y que, por lo tanto, no podían trasladarse para declarar por los hechos que se los investiga. “Aplazaban su testimonio. Cuando hablaban no había la veracidad del caso. No había el respaldado que ellos decían que iban a brindar”, cuestionó la hermana de Inti Sotelo.
La investigación continúa en etapa preparatoria, pese a ello se está avanzando con la toma de los testimonios de los testigos y está en proceso la toma de declaraciones de los once policías incorporados en la carpeta fiscal como presuntos responsables por el delito de lesa humanidad. En el cuerpo de Bryan se encontró 10 perdigones de plomo, según la autopsia.
Al fotoperiodista, Alonso Chero, los agentes policiales le dispararon una canica de vidrio que tuvieron que extraerle los médicos mediante cirugía.
Hay pruebas para acusar a los policías
El abogado Carlos Rivera, quien lleva el caso a favor de las víctimas, dijo a La República que sí hay pruebas suficientes “para que la fiscal Jhousy Aburto, de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Lima, se pronuncie por un requerimiento acusatorio”.
Una de ellas es la verificación de la pericia balística que realizó el Ministerio Público y que actualmente “hay un perito internacional en balística, que está haciendo pruebas de homologación del armamento de los policías, lo que va a ser un tema central”, afirmó Rivera, abogado del Institituto de Defensa Legal (IDL).
“La investigación preparatoria debe estar terminando en febrero y estoy seguro de que la fiscal va a acusar para que concluya la investigación preparatoria y se pase a una etapa intermedia de control de acusación”, apuntó.
Rivera recuerda que la investigación está avanzando contra el teniente general PNP Jorge Lam Almonte, el general PNP Jorge Luis Cayas Medina y los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Villafuerte Salas, entre otros.
Mientras tanto, Manuel Merino, Antero Flores Aráoz, exministro de Defensa, y Gastón Rodríguez, exministro del Interior son los presuntos responsables políticos. Killa Sotelo anuncia que “no descansará hasta que se los sancione” ni bien su inmunidad.
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