La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confió la coordinación del equipo especial Lava Jato a la magistrada Marena Mendoza, quien lidera las investigaciones sobre las muertes en protestas antigubernamentales, según una resolución difundida este domingo por Epicentro.
El documento, que registra la fecha del último viernes, señala que el encargo se debe a la licencia por motivo de enfermedad que solicitó el suspendido fiscal superior Rafael Vela, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares.
Mendoza, coordinadora del equipo especial para casos con víctimas durante las movilizaciones sociales, reemplazará a Vela hasta el próximo 16 de noviembre, de acuerdo con el texto firmado por la titular del Ministerio Público.
De igual modo, las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos —coordinadas por el magistrado— serán vistas durante estos días por Edgar Rebaza, jefe de la Oficia de Cooperación Internacional; mientras que la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de Activos —donde Vela fue designado— quedará a cargo de Liliana Briceño, fiscal adjunta superior provisional de Lima Centro.
El equipo Lava Jato investiga el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras favorecidas en licitaciones de obras públicas, una trama en la que están implicados tres exgobernantes, así como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Marena Mendoza, quien lo tendrá a cargo por estos días, fue nombrada a dedo por Benavides y traída desde La Libertad para que dirija el grupo fiscal que investiga las 49 muertes por enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, según un informe de Hildebrandt en sus trece.
La experta en derecho civil reemplazó al fiscal Luis Valdivia, quien tiene más de 20 años de trayectoria en casos penales y de Derechos Humanos. De acuerdo con el semanario, también fue vinculada al abogado trujillano Miguel Torres, exasesor del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) e implicado en ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, como se denominó a la mafia de la Judicatura que traficaban sentencias por favores políticos o dinero.
En octubre pasado, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió a Vela por ocho meses y 15 días por cuestionar, en 2020, la decisión del Poder Judicial de excarcelar a Keiko Fujimori, próxima a encarar un juicio oral por lavado de activos.
La CIDH advirtió esta semana que Vela vive una situación de riesgo, ya que, si la ANC confirma la sanción, se afectarían los juicios contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, así como el de la política opositora.
El mecanismo de protección para el fiscal fue publicado un día antes de que sustentara, de manera oral y durante diez minutos, un recurso que busca anular la sanción “arbitraria, abusiva e injusta” que enfrenta, como la ha descrito.
Sobre el magistrado José Domingo Pérez ―también integrante del equipo fiscal, quien cuenta con estas medidas desde julio de 2021―, el organismo apuntó que “existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente”, de modo que es “necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”.
La CIDH indicó que la respuesta estatal no solo debe abarcar acciones de seguridad, sino incluir “medidas para atender las causas generadoras de riesgo”, como la emisión de mensajes institucionales “de amparo y respaldo”, y la investigación de las amenazas, ataques y acoso que enfrentó.
Asimismo, trajo a colación el proceso disciplinario que recomendó la ANC contra Domingo Pérez por declarar, en abril pasado, sobre la extradición de Toledo, imputado por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
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