Josué Gutiérrez defiende contrataciones de allegados en la Defensoría: “No existe restricción legal”

A la salida de varias personas que estaban en desacuerdo con su gestión, se le suma un nuevo cuestionamiento. Un reportaje reveló que al menos siete allegados al defensor Josué Gutiérrez fueron beneficiados con órdenes de servicio que alcanzaron los 144 mil soles.

De acuerdo al diario El Comercio, Entre los beneficiados de este selecto grupo se encuentra Jaime Bravo González, quien fue su asesor; Juan Gonzales Hidalgo, personero legal de Alianza para el Progreso (APP).

Además, se reportó que se favoreció a personas que previamente se reunió con él y que, incluso, se consideró a personas que habían sido rechazados por no contar con los requisitos requeridos. Uno de ellos es Hugo Sánchez, quien participó de una convocatoria CAS, sin tener el perfil, e ingresó a la Oficina de Gestión de Desarrollo Humano con una remuneración de 18 mil soles.

Álvaro Arista Robles, Mario Dávalos Andrade y Julinho Aguirre Soto son otros funcionarios que, luego de tener una visita a la Defensoría, consiguieron cargos en la institución.

En diálogo con RPP, el funcionario elegido por el Congreso de la República reconoció que conocía a todos los personajes mencionados y lamentó que se critique la designación de personas que “no tienen impedimento para contratar con el Estado”, independiente de si tienen un vínculo.

“¿Cómo no los voy a conocer? Eso jamás lo he negado, nunca. Lo que ocurre es que si no hay un impedimento para contratar con el Estado y esas personas postulan y ganan, sea mi conocido o no conocido, ¿qué tiene que ver?, ¿cuál es la restricción legal? No existe”, sostuvo.

“Es más, hay directivas en la misma Defensoría que son (de) antes que yo llegue, que establecen con rigor que se hacen las convocatorias y se presentan de manera directa a través de los funcionarios. Si eso ha ocurrido y todo es regular, bueno, volteemos la página, ¿no? No hay que distraernos porque hay cosas más importantes”, agregó.

Insistió en que su despacho no requirió la contratación de ninguna de las personas denunciadas en el informe. “Hay una directiva que no he aprobado yo, felizmente, (sino que) viene de una gestión anterior, y que los funcionarios a cargo de cada una de las dependencias han solicitado las contrataciones respectivas, no ha sido mi persona ni mi despacho”, explicó.

“Muchos no han tenido reunión conmigo, […] y si han ingresado a la Defensoría es justamente buscando postular a un servicio. Naturalmente, es un proceso no regulado por nosotros como despacho de la Defensoría, sino por las áreas que corresponden”, añadió.

Asimismo, sostuvo que “es natural” que un postulante a un contrato en la Defensoría del Pueblo acudan a las instalaciones y tenga una reunión. “Yo entiendo que todos los que buscan trabajar en la Defensoría […], naturalmente tienen que asistir a la institución. Eso no es novedoso para nadie”, puntualizó.

En la víspera, el defensor ingresó al portal del Congreso un polémico proyecto que busca la “modificación de diversos artículos de la ley N° 26520″, en los que se realizan cambios en una serie de aspectos importantes de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Uno de ellos es sobre su permanencia. Gutiérrez plantea que, en lugar de que sea por un periodo de cinco años, se extienda hasta que el Poder Legislativo elija al próximo representante.

Otro de los puntos busca que los adjuntos de la institución ya no sean designados bajo concurso público.

“Esto no es un tema nuevo, es un tema muy recurrente, soy heredero de esta costumbre. Apenas son 11 adjuntos que, al inicio de la marcha institucional, se han sometido a concurso. Después de eso, cerca de 40 adjuntos han sido designados prácticamente por confianza”, dijo Gutiérrez Cóndor en declaraciones a RPP Noticias.