Gestión de Alberto Otárola no habría registrado los contratos de los consultores de la PCM a lo largo de este año

Nuevas irregularidades saltan a la vista en la gestión de Alberto Otárola, investigado en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio a raíz de las más de 60 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre del 2022 y enero de este año, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Infobae Perú accedió a un informe de control posterior que menciona que la PCM no ha registrado los contratos de personas que están bajo los regímenes del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), Personal Altamente Calificado (PAC) y del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en el Sistema de Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado (SIRICC) a lo largo de este año.

Los detalles de las órdenes de servicio de los siguientes locadores no aparecen:

Nathaly Barrantes Márquez, Marita Chulán Carranza, Patricia Ochoa y Marx Panduro están contratados como FAG. En tanto, Elizabeth Quinde lo está como PAC. Todos ellos dependen directamente del despacho de Otárola Peñaranda tal como se observa en el cuadro que colocamos en esta nota.

Por otro lado, Denisse Collantes, Rocío Donohue, Ever García y Jonathan Ramírez están como personal FAG y dependen de la Oficina de Prensa e Institucional, las secretarias administrativa y de integridad pública de la PCM, respectivamente.

Finalmente tenemos a Gustavo Ruiz que labora bajo el régimen PAC por ser asesor para la articulación interinstitucional de la PCM. Ahora, su trabajo depende de la secretaría de gestión social y diálogo de la entidad.

La entidad fiscalizadora halló también que en la PCM han excluido expedientes correspondientes a la contratación de servicios para supervisión, diseño y asesoría argumentado que los mismos no son consultorías de persona natural o jurídica. En rigor, fueron once cuyo valor bordea casi los dos millones de soles.

“Se advierte que, al 26 de octubre de 2023, la entidad ha registrado en la plataforma del SIRICC solo un contrato de consultoría suscrito desde el 1 de enero hasta el 22 de mayo de 2023, habiendo excluido del registro pre determinado de la plataforma del SIRICC”, se lee en el documento.

En la conclusión del informe se sostiene que lo encontrado en la PCM “limitaría la supervisión y el control de las contrataciones públicas realizadas por la entidad”.

Se recomienda que lo hallado por la Contraloría sea remitido al premier Otárola con el fin de que informe al Órgano de Control Institucional sobre las medidas que tomará para corregir la omisión de información de los contratos de los consultores.

A raíz de esta evidente falta de transparencia en la gestión de Alberto Otárola, Infobae Perú buscó la opinión de expertos.

El abogado penalista Mario Amoretti aseguró a este medio que la Fiscalía de la Nación debería iniciar una investigación preliminar contra los funcionarios, que resulten responsables de no detallar los contratos de los consultores en la PCM, por el presunto delito de colusión. No descartó tampoco que el caso alcance al mismo premier.

“Esa práctica de favorecer con consultorías y favores a ciertas personas ocurren en todos los gobiernos. Lamentablemente se ha incrementado cuando esos recursos podrían ser destinados de otras manera para solucionar problemas que tenemos”, anotó.

El director del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, agregó que existen un montón de mecanismos legales para eludir conceptos como la transparencia cuando esta se entiende no solo como una ley, sino en una forma de vida y conducta.

“Cuando hablamos de transparencia, se habla más de eso. Un funcionario público debe rendir cuentas y dejar esa mala costumbre de que el gobierno de turno tiene la cancha libre para gastarse la plata en consultorias que pueden ser necesarias. La idea no es como algunos termocéfalos que dicen ‘hay que eliminar la consultorias’. El problema no es la consultorias, sino cómo se usan y si estas son justificadas”, anotó.

Hay que precisar que la falta de transparencia en la PCM también se repite en el Despacho Presidencial. Infobae Perú publicó en setiembre pasado que no se habría registrado los contratos de 18 consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), quienes percibieron salarios entre ocho a quince mil soles, en los primeros cinco meses de este 2023.

La lista de nombres son las siguientes: Juan Sánchez Galloso, Carmen Giordano Velásquez, Giovanna Díaz Revilla, Sandra Manrique Becerra, Liliana Marchena Reátegui y Franco Dávila Gálvez.

Además se encuentra en la nómina: Joel Bolivia Revolledo, Teresa Velásquez Bracamonte, Rafael Porta De la Cruz, Víctor Ayasta Muro, Walter Iberos Guevara, María Pineda Ramírez, Carla Estela Nalvarte, Bryan Narvaez Carrasco, César Borda Gonzáles, Valeria Morales Becerra, Roxana Mayorga García y Francisco Gavidia Arrascue.