Fiscalía volvería a citar a Dina Boluarte y Alberto Otárola para declarar en investigación por muertes en protestas

La investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola por presuntas responsabilidades en los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ocasionados durante las protestas antigubernamentales entre diciembre 2022 y febrero de 2023, se amplió por ocho meses más, por lo que no se descarta que vuelvan a ser citados ante la Fiscalía de la Nación para que brinden sus declaraciones, según informó Marco Huamán, fiscal adjunto supremo provisional.

“La investigación está en desarrollo. El plazo que se fija puede agotarse o no también, depende de las secuelas de las investigaciones. En ese sentido, de acuerdo como fluya la información, pueda ser necesario que se convoque a los investigados, fundamentalmente, para que hagan el ejercicio de su derecho a defensa”, expresó el representante del Ministerio Público en entrevista a RPP.

Si se cita nuevamente a la presidenta de la República, sería la cuarta vez que la entidad pública la interroga por estos hechos. “Mientras la secuela de la investigación esté abierta, no se puede descartar nada”, agregó Marco Huamán.

Las familias de quienes fueron asesinados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas mientras se manifestaban o transitaban por las calles donde se llevaron a cabo las movilizaciones, han denunciado que existe lentitud en las investigaciones. El fiscal adjunto de Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, responde que se debe a que la investigación es “bastante compleja”, debido a que también se ha incluido a otros ministros y exministros del Ministerio del Interior, cómo César Cervantes Cárdenas, y el Ministerio de Defensa, cargo que asumió Otárola Peñaranda.

Además, de la investigación por las muertes en protestas contra el actual premier, Alberto Otárola, también se lo ha aperturado casos por presuntamente haber favorecido con contratos a sus amigas Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez por miles de soles en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según indica el fiscal, otra de las investigaciones es por los presuntos delitos de colusión, simple y agravada, en calidad de instigador por una contratación irregular en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Motivo por el cual, Otárola tendría que asistir a brindar su declaración ante los fiscales del Ministerio Público, para que pueda ejercer su derecho a la defensa. “En este caso el plazo que señala el código es 120 días, pero no los hemos tomado. Siempre partimos tratando de racionalizar el tiempo y brindarle celeridad. No recuerdo, pero debemos haber puesto 60 días”, manifestó.

En adición, también se están investigando casos de congresistas acusados de recibir sueldos excesivos y recortar las remuneraciones de sus trabajadores. Se han realizado varias denuncia contra alrededor once parlamentarios: María Cordero, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Marleny Portero y Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República.

Hasta el momento, se han denunciado varios casos y algunos ya han sido concluidos. Sin embargo, aún hay varios casos pendientes, indica el fiscal Marco Huamán, quien explica que actualmente llevan las investigaciones de seis legisladores, las cuales se están evaluando si se presenta o no acusación constitucional.