Fiscalía inicia investigación preliminar a presidente de Ingemmet por concesión minera en cuenca del río Nanay

El Ministerio Público se encuentra investigando a Henry John Luna Córdova, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) por el presunto delito ambiental en la modalidad de otorgamiento ilegal de derechos en agravio del Estado. Las diligencias se realizan luego de que el exfiscal ambiental Alberto Caraza lo denunciara por presuntamente haber otorgado una concesión minera sobre la cuenca alta del río Nanay, en Loreto.

Esta actividad extractiva podría atentar contra la vida y la salud de población de Iquitos, indica la organización Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Las diligencias tendrán una duración de ocho meses.

La carpeta fiscal deberá ser remitida a la Dirección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que en un plazo de 60 cumplan con:

• Recibir la declaración de los denunciantes, quienes deberán precisar las acciones del imputado y, de ser posible, presentar las pruebas que tengan respecto a ello.
• El presidente del Ingemmet, entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), deberá responder ante las acusaciones en su contra. Para ello, tiene que contar con un abogado y un representante de la Fiscalía, quien deberá estar presente al momento de presentación.

“Lo que dice la norma de pequeña minería y actividad artesanal es que es ilegal operar sobre los cursos de agua. Eso está tipificado como minería ilegal. Ahora, en el caso específico de la cuenca del Nanay, hay ordenanzas regionales, del año 2002 o 2003 creo, que (dice que debe ser) libre de minería. Entonces ahí es un tema que tiene que considerarse entre lo que regula el Gobierno regional y el Ingemmet, que corresponde al gobierno Nacional, y otorgar derechos o no”, sostuvo Martín Arana, especialista técnico de la iniciativa Unidos por los Bosques a Infobae Perú.

“En estas áreas que el Gobierno regional también indica que deberían ser resguardados por aprovisionamiento de agua para la ciudad en quitos. La sociedad Nacional de energía y minas y presentó una consultoría que habían encargado un estudio y, de acuerdo a eso, ellos estimaron de que la minería ilegal a nivel nacional generaba pérdidas alrededor de 22 mil millones de soles al año.”, agregó.

Cuando Ojo Público también informó sobre esta denuncia, el Ingemmet confirmó, a través de un correo electrónico, que sí otorgó la concesión minera por sustancias metálicas a nombre del ciudadano Ricardo Moreno (Raíces Gaddaffy). La institución tambén indicó que esta persona no puede desarrollar actividades mineras sin obtener antes los permisos que exige el Estado para la minería formal. “Las concesiones mineras no otorgan derechos sobre los recursos hídricos”, precisó la entidad al portal de investigación.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico otorgó la concesión, que tiene un área de 1.000 hectáreas, el pasado 31 de agosto del 2023. No obstante, esto fue rechazado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto. Su representante, Melissa Sotelo Pérez, comunicó que ellos no brindarán ningún permiso porque eso “alteraría el ecosistema, el bienestar y la salud de la población”.

El Gobierno Regional de Loreto también apoya esta posición, indicó Roberto Ruiz, gerente regional del Ambiente de esta región. Según su declaración, el permiso podría amenazar la flora y fauna del ecosistema en situación vulnerable.

Entre las posibles consecuencias que temen estas autoridades se encuentran la contaminación del medio ambiente y la afectación a la salud de los ciudadanos, sobre todo por el uso de mercurio.

En el 2013, la mayoría de los países del mundo firmaron un tratado internacional a través del cual se comprometían a eliminar su uso a nivel internacional. Sin embargo, como reporta el New York Times, más de 10 millones de personas de país de países provenientes de África, Asia y América Latina, todavía lo emplean. Como se sabe, este elemento tóxico causa daños cerebrales, enfermedades debilitantes y hasta defectos congénitos.

“Hay el riesgo de que estas operaciones que ahora son ilegales se acojan a eso, tengan el título minero y dejan de ser ilegales automáticamente. Si es que hacen una apertura del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), tienen un proceso de formalización abierto, permanente, como es lo que se pretende. Podrían acogerse a eso y si es un proceso abierto y permanente, vaya a saber en qué momento se registrarán”, aseveró.

De acuerdo al bogado que interpuso la denuncia, Alberto Caraza, esta concesión se otorgó sin haberse tomado en cuenta las normas y reglamentos que prohíben la actividad minera en ríos.

El asesor legal de este caso también ha presentado una demanda de amparo en el Juzgado Civil de Maynas (región Loreto) contra el Ingemmet y la empresa a cargo de la concesión minera en el río Nanay, con la finalidad de anular dicho otorgamiento.

Asimismo, Caraza ha presentado una denuncia administrativa ante la Contraloría General de la República contra Henry John Luna Córdova por presuntamente no haber observado la normativa relacionada con la protección del río Nanay.

“Con este paquete legal no solamente tratamos de detener, sino también tratamos de que en el futuro no se vuelvan a cometer este tipo de acciones, porque tenemos conocimiento de que existen más solicitudes de concesiones mineras en el río Nanay. Lo que buscamos es dejar un precedente para que no se comentan estas irregularidades”, agregó el abogado.

José Manuyama, vocero del Comité de Defensa del Agua, afirmó que este paquete legal cuenta con el respaldo de al menos 20 organizaciones sociales e instituciones de Loreto.

“Si se entrega esta concesión, si se continúa con este proceso de legalizar a la minería ilegal, lo que se generaría es un gran golpe al ecosistema hídrico de este río, afectando gravemente nuestra alimentación, nuestros bosques y el agua potable que consumimos en la ciudad”, afirmó.

El próximo 15 de noviembre se realizará una segunda movilización en la ciudad de Iquitos para exigir la nulidad de la concesión minera y pedir celeridad en las investigaciones para sancionar a las personas que resulten responsables.

El Ingemmet emitió un comunicado respecto a la denuncia presentada ante la Fiscalía en Materia Ambiental. Indicaron que esta “no se ajusta a la verdad en varios aspectos”.

“Es importante destacar que una concesión minera no autoriza ni permite el inicio de actividades mineras, ni implica la ocupación de territorios ni derechos sobre otros recursos naturales ajenos a la minería. La información está basada en información tendenciosa y sesgada, que parten de conceptos falsos como el de sugerir que las concesiones mineras otorgan libertad total para realizar actividades sin restricciones”, se lee en el texto.