“Yo quisiera recordar a la ministra de Salud que a ninguno de mis hermanos heridos se les ha brindado rehabilitación. Me consta porque yo me reúno con todos ellos. No existe documento. En la Asociación hay 80 heridos y ninguno ha sido rehabilitado hasta el momento. Mis hermanos están postrados en la cama con perdigones en el cuerpo”, declaró Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se evaluó el seguimiento de las recomendaciones del informe final sobre las muertes en protestas.

La respuesta de Samillán, quien perdió a su hermano Marco Antonio, estudiante de Biología y brigadista voluntario, que fue asesinado por dos disparos de arma de fuego cuando auxiliaba a heridos en las protestas de Juliaca, se dio luego de la intervención de Claudia Fuentes, representante del Ministerio de Salud. La entidad habría incumplido con una de las recomendaciones de la CIDH, que pide rehabilitación física y mental para los heridos y familiares de fallecidos.

La vocera del Minsa anunció que el Estado peruano, en el marco de las protestas, atendió a 1.398 personas. También señaló que “el sector también adoptó medidas de rehabilitación médica y atención psicológica, registrándose hasta el mes de octubre 1.700 atenciones de salud. Brindó capacitaciones en 97 centros de salud mental comunitarios, en Apurímac, Ayacucho, Ica, Junín, la Libertad, Lima región, Puno y San Martín”.

Sin embargo, Samillán negó lo declarado por la representante del Minsa. Por el contrario, recalcó que los integrantes de la Asociación de Juliaca vienen sufriendo mucho maltrato psicológico.

El gobierno peruano fue denunciado ante la audiencia de la CIDH por no seguir adecuadamente las recomendaciones emitidas por el organismo tras las protestas de diciembre de 2022 y marzo de 2023. “Estamos muy preocupados por la erosión de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Perú. Esa erosión socava los derechos a la verdad y la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante las protestas”, intervino Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Además, resaltó que el Estado peruano ha negado todos los hechos de violencia. Incluso ha tenido “un discurso estigmatizante y discriminatorio sobre las personas manifestantes, muchas de ellas indígenas”. Tampoco ha brindado garantías de no repetición, es decir, que no ha tenido acciones “para detener el uso ilegítimo de la fuerza letal y menos letal por parte de la fuerza de seguridad”.