El Poder Judicial declaró fundado este jueves el requerimiento de comparecencia con restricciones que presentó el Ministerio Público contra la exlideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, imputada por lavado de activos por presuntos aportes recibidos de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa durante las campañas de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal).
Según la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, la excandidata deberá salir del país con autorización judicial, abonar una caución de S/10.000 en el plazo de 30 días, no comunicarse con testigos, peritos o investigados del mismo caso, y justificar sus actividades por escrito cada 30 días.
El tribunal resolvió que el impedimento de salida por 36 meses, requerido también por Fiscalía, no sería necesario, ya que está configurado dentro la medida impuesta. “Para asegurar su presencia en el país, bastaría con la regla de conducta que se le impuso, dentro del marco del mandato de comparecencia con restricciones, a saber, prohibición de salir del país, salvo expresa autorización judicial”, se lee en el documento judicial.
El juez Richard Concepción Carhuancho remarcó que Flores Nano, quien tenía un intenso movimiento migratorio hasta 2019 —cuando la Fiscalía inició la investigación en su contra―, cuenta con un fuerte arraigo domiciliario, familiar, laboral, económico y político.
La imputada ha reconocido que recibió en su casa de Lima a los exdirectivos de Odebrecht en Perú, Jorge Barata y Raymundo Trindade, pero aseguró que no pidió dinero “en esa reunión, de ninguna manera”. Según su testimonio, el abogado Horacio Cánepa, quien tuvo gran cercanía a sus campañas, manejó el dinero sin ingresarlo a las arcas del PPC.
El letrado es investigado por presuntamente haber recibido tres millones de dólares en sobornos para emitir laudos arbitrales a favor de la constructora brasileña. De acuerdo con Flores Nano, en 2010, él se ofreció a contratar encuestas de opinión; sin embargo, solo siete años después tomó conocimiento de que, para financiarlas, había pedido 200.000 dólares.
Una serie de políticos y excandidatos presidenciales han sido sometidos a investigación penal tras el escándalo Lava Jato, entre los cuales se encuentran los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kucyznski, así como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En marzo de 2020, Barata confirmó que Odebrecht entregó aportes a la campaña al Congreso de Yehude Simon, ex primer ministro de Alan García e investigado por colusión agravada y blanqueo de capitales, así como a la carrera electoral de Flores Nano por la alcaldía de Lima.
“[Ha entregado] más detallada relacionado con los aportes de Yehude Simon y Lourdes Flores Nano. Confirmó que se entregó 300.000 dólares tanto a la campaña de Yehude al Congreso como al gobierno regional”, dijo entonces Rafael Vela, fiscal jefe del equipo Lava Jato, una vez culminado un interrogatorio celebrado en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil.
En una declaración que se alargó por más de 10 horas, el exdirectivo de la firma brasileña igualmente detalló las rutas del dinero ilícito, las cuentas bancarias utilizadas y los intermediarios responsables de los pagos de las coimas, conocidos como ‘doleiros’.
“Estamos recibiendo información sobre las campañas nacionales y estamos trabajando en forma prioritaria porque hay plazos que se vencen, uno de ellos relacionado con Humala y el otro con Keiko Fujimori, que ya tiene un plazo establecido”, recalcó.
Humala, procesado —junto a su esposa Nadine Heredia— por el presunto financiamiento irregular del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011, es el primer expresidente que va a juicio oral por el escándalo de Lava Jato, donde enfrenta un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos.
Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en 2018, un proceso por el que reconoció los casos de corrupción y se dispuso a reparar al Estado por los daños civiles ocasionados por los sobornos ofrecidos durante años para la obtención de obras.