La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al suspendido fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, según un comunicado difundido este jueves por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), parte de los peticionarios junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
La CIDH, que en 2021 emitió estas medidas para el magistrado José Domingo Pérez ―también integrante del equipo fiscal—, advirtió de una situación de riesgo contra Vela, quien lidera el grupo que investiga el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras favorecidas en licitaciones de obras públicas.
“Frente al contexto específico del presente asunto, la CIDH reitera el rol de las personas que ejercen función pública, especialmente de alto rango, a no contribuir a la creación de un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión y, por lo contrario, adoptar pronunciamientos públicos que contrarresten estos hechos”, señaló el organismo, citado por CEJIL.
La CIDH también hizo referencia a la suspensión de ocho meses y 15 días impuesta en octubre pasado por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, ante unas declaraciones emitidas por Vela en 2020, cuando cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, próxima a encarar un juicio oral por lavado de activos. El equipo Lava Jato solicita contra la política 30 años y 10 meses de prisión.
El organismo se declaró preocupado, ya que, si la ANC confirma la sanción, Vela dejará de ser coordinador del equipo y de las fiscalías de lavado de activos, un paso que afectaría los juicios contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y la propia Fujimori.
De igual modo, remarcó que, “dada la continuidad de los factores de riesgo en el marco del presente asunto, [...] resulta necesaria la adopción inmediata de medidas que representen una respuesta integral frente a la naturaleza del riesgo”; y recordó que el Estado “no solo se deben prevenir las amenazas, ataques y represalias, sino abordar sus causas”.
El mecanismo de protección para el fiscal superior se ha publicado un día antes de que sustente, de manera oral y durante diez minutos, un recurso que busca anular la sanción “arbitraria, abusiva e injusta” que enfrenta, como la ha descrito. La audiencia está prevista para este viernes desde las 9:00 horas.
Sobre Domingo Pérez, quien cuenta con estas medidas desde julio de 2021, la resolución apuntó que “existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente”, de modo que es “necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”.
La CIDH indicó que la respuesta estatal no solo debe abarcar acciones de seguridad, sino incluir “medidas para atender las causas generadoras de riesgo”, como la emisión de mensajes institucionales “de amparo y respaldo”, y la investigación de las amenazas, ataques y acoso que enfrentó.
“Más de dos años después [...], no se han identificado responsabilidades por los hechos alegados, de modo que pueda analizarse si los elementos generadores de riesgo han sido mitigados o han desaparecido”, continuó el texto referido por CEJIL.
Asimismo, trajo a colación el proceso disciplinario que recomendó la ANC contra Domingo Pérez por declarar, en abril pasado, sobre la extradición del expresidente Alejandro Toledo, imputado por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
Toledo es una de las piezas mayores de la investigación del caso Odebrecht en Perú y uno de los tres exgobernantes implicados en las investigaciones de esta trama de corrupción que, en su caso, comprende la presunta entrega de un soborno de unos 35 millones de dólares para facilitar los negocios de la firma brasileña.
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