Fiscalía investigará presunta usurpación de tierras de comunidad indígena

Se abre el camino de búsqueda de justicia para los pueblos indígenas de la selva baja de la Amazonía peruana. Esto luego de que la Fiscalía Provincial Corporativa de Campo Verde dispuso el inicio de diligencias preparatorias contra la empresa Ocho Sur P SAC (antes Plantaciones de Pucallpa) por el delito de usurpación agravada en perjuicio de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya.

En 2020, la comunidad shipiba —ubicada a poco más de dos horas de la ciudad de Pucallpa, en Ucayali— emprendió una demanda tras caer en cuenta que al menos tres kilómetros de selva virgen habían sido talados sin autorización para facilitarle el paso de maquinaria pesada en sus tierras ancestrales con el fin de realizar sus operaciones agroindustriales, según una denuncia hecha en octubre de este año.

Tras comprobarse dichas acciones, el fiscal provincial solicitó cuatro años de cárcel para el gerente general Serge Georges Verhaert, exgerente general de Ocho Sur; y el apoderado Renzo Puyen Rivera, así como una reparación civil de 10 mil soles a favor de la comunidad.

En el Expediente Fiscal: 00102-2022-90-2406-JR-PE-01, ingresado ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se detalla ante la Fiscalía Penal Corporativa de Campo Verde, el 3 de diciembre de 2020, que la empresa Ocho Sur P S.A.C habría incurrido en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, en agravio de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, fue consignada por los comuneros Efer Silvano Soria, James Sigfredo Lozano Sangama e Ivan Amado Flores Rodriguez.

Los presuntos daños cometidos por Ocho Sur P SAC habrían comenzado entre noviembre y diciembre de 2020. Un hecho no tan rápido de determinar, pues, de acuerdo a una nota publicada por Servindi.org, “los comuneros, asentados al otro lado del río, se dieron cuenta tardíamente, pues el modus operandi de la empresa era actuar por las noches hasta la madrugada para luego retirarse”.

Sin embargo, tras un largo tiempo de incertidumbre, habrían descubierto que la empresa dedicada a la producción y venta de aceites y productos derivados de palma aceitera operaba de madrugada con el fin de pasar desapercibida.

Por ello, después de febrero de 2020, la comunidad indígena solicitó una ampliación territorial de más de 1.500 hectáreas al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Dirección de Agricultura de Ucayali, para ser inscritas en los Registros Públicos el 2022. Una pedido basado en el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el cual especifica que los gobiernos deben reconocer y respetar la importancia de la relación milenaria entre los pueblos indígenas con sus territorios.

Sobre ello, la presidenta de la Asociación Frente de Defensa por los intereses de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya (Afpdiscu) declaró para el portal Servindi que: “Queremos que haya justicia por haberle hecho daño a la comunidad. (...) Ese bosque era como un ser humano, le han matado”.

Según un artículo publicado por la organización internacional de derechos humanos Forest Peoples Programme, la acusación del Ministerio Público hacia la compañía palmicultora por el delito de usurpación en territorio indígena resulta histórica por varias razones, en primer lugar, porque el caso ya había sido archivado en primera instancia por la Fiscalía.

No obstante, tras una apelación de la comunidad afectada, se elevó a la autoridad fiscal superior, instancia que discrepó con la Fiscalía Provincial y ordenó de manera oficial acusar a la empresa.

En ese sentido, este fue un paso determinante para que Ocho Sur P SAC deje de legitimar su presencia en el territorio de la comunidad nativa y se ejecuten mecanismos de rendición de cuentas para las empresas del sector palmicultor en la Amazonía.

En esa línea, cabe recordar que, según un reportaje de La Encerrona, la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya registra más de 25.000 hectáreas de devastación forestal.

Además, aún espera que el Estado peruano titule a su favor un área de 86 mil 713 hectáreas, como parte de la reparación por las acciones cometidas por la empresa acusada de cultivar y procesa aceite de palma sin permisos forestales y coludirse con grupos ilegales dedicados al tráfico de tierras para amenazar su territorio.

El 21 de noviembre el señor Wilson Barbaran Soria, acreditándose como jefe de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, presentando la partida electrónica n.° 11155570 del Registro de Personas Jurídicas expedido por la Oficina Registral de Pucallpa, se contactó con esta redacción. En la misiva detalla que la denuncia por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, en agravio de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, no corresponde a la acusación planteada por dicha comunidad.

Dejó en claro que la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya no fue agraviada por un acto de usurpación por parte de la empresa Ocho Sur P S.A.C., en los meses de noviembre y diciembre del 2020.

Asimismo, indicó que no existe ninguna lucha entre la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y Ocho Sur P S.A.C., precisando que la empresa dedicada al sector de palma aceitera en la región Ucayali nunca ha pretendido despojarlos de su territorio ingresando violentamente con maquinaria pesada. En esa línea, manifestó que la empresa en todo momento ha brindado apoyo a la comunidad nativa, subrayando que el Estado no realiza ninguna acción a fin mejorar su calidad de vida.

Por último, afirmó que no existe ningún daño a la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya causado por Ocho Sur P S.A.C. por lo que no es preciso afirmar que dicha empresa ha generado un daño a la comunidad, ya que ello jamás ha ocurrido en la realidad.