El líder salvadoreño, Nayib Bukele, difundió este jueves una encuesta en la que Perú figura en el primer escaño de países latinoamericanos con mayor percepción de criminalidad (86%) junto con Ecuador, frente al mínimo porcentaje que registra el país centroamericano (3%), donde rige un régimen de excepción desde 2022, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas.
“No es cierto que los problemas de nuestros países no tienen solución”, anotó el mandatario al compartir un sondeo realizado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup), que entrevistó a ciudadanos de 13 países de la región.
El Salvador registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó durante la administración de Bukele, quien ha señalado que su país registra una tasa de 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, “la más baja de toda América”.
Según su mirada, esta reducción se debe a un régimen de excepción, que ha dejado más de 62.900 detenidos y ha suspendido derechos constitucionales, una medida cuestionada por organizaciones, pero aplaudida por muchos salvadoreños.
Después de Perú y Ecuador, Costa Rica (82%) se coloca como la tercera nación donde su población siente que la criminalidad está en alza, de acuerdo con CID Gallup. Le sigue Panamá (72%), Argentina (68%), Colombia (67%), República Dominicana (59%), Nicaragua (55%), Guatemala (54%) y Honduras (49%).
En los puestos finales aparece México (41%), cuyo mandatario admitió que incrementaron los asesinatos por el crimen organizado y el narcotráfico; mientras que Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro anunció que ha recuperado el control de las cárceles más violentas, alcanzó un 31%, solo antes de El Salvador (3%).
Bukele ha compartido el estudio tres meses después de que en Perú se barajara la idea de emular sus estrategias para reducir la delincuencia y homicidios. La propuesta fue lanzada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en el Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.
“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo el juez supremo a fines de agosto, unas declaraciones que causaron la réplica del Ejecutivo.
“Se podría, ciertamente, se podría. Uno de ellos, aunque no sé si es el caso de El Salvador, nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional”, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aunque posteriormente reconsideró su postura.
“Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí habrá un plan Boluarte”, zanjó días después y pidió no comparar el proyecto peruano con ningún otro plan de seguridad nacional, sino en diversas estrategias que hayan funcionado en otros países.
La presidenta Dina Boluarte, por su parte, declaró que cada país es singular y que los peruanos deben tejer su propia historia. “Yo creo que la situación de El Salvador tiene su propia particularidad. [...] De la mano con nuestra Policía y de acuerdo a políticas y lineamientos del Gobierno, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad”, señaló.
A la fecha, cuatro distritos de Lima se encuentran bajo estados de emergencia, una medida oficializada después de que detonara un explosivo en una discoteca de San Juan de Lurigancho. Además de esta jurisdicción, la declaratoria aplica en San Martín de Porres, Lince y el Cercado de Lima, el segundo distrito con alta incidencia delictiva, de extorsiones y estafas, pese a que en su extensión se ubica el centro histórico y las sedes de los poderes del Estado.
Algunos derechos constitucionales como el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio han quedado suspendidos y no hay actividad comercial desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada.
Legisladores de oposición, sin embargo, señalan que la iniciativa ha fracasado y presentaron una moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por “desconocer totalmente la capacidad operativa” de la Policía Nacional en el combate a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana que aqueja al país.