La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) advirtió que la investigación que abrió la Fiscalía de la Nación contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima por dictar una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) constituye una amenaza a la independencia judicial.
En un comunicado publicado este jueves 9 de noviembre, la JUSDEM recuerda que los jueces del Poder Judicial erigen el primer nivel de protección de los derechos fundamentales, mientras que el Congreso “tiene el imperativo” de respetarlos. “De lo contrario, contraviene su finalidad institucional, y, por consiguiente, infringe la Constitución”, se lee en el pronunciamiento.
“Los procesos constitucionales, como el amparo, han sido diseñados para la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales, no existiendo ninguna zona exenta de control dentro del aparato estatal para el cumplimiento de dicho propósito, tal como recientemente lo ha destacado el Tribunal Constitucional respecto al control de los actos congresales, al señalar que ‘si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido’”, reza el texto.
En esa línea, la asociación de magistrados alertó que la denuncia penal formulada por la congresista de Avanza País e impulsora de la remoción arbitraria de la JNJ, Patricia Chirinos, e “inusitadamente tramitada, en el día, por el Ministerio Público” constituye una “seria amenaza al principio de división de poderes y una grave afectación a la independencia jurisdiccional”.
Seguidamente, la JUSDEM se solidarizó con los magistrados superiores Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrera Giurisich por “los ataques de los que están siendo objeto a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación”.
“Invocamos a los actores políticos el respeto irrestricto a la independencia judicial, al equilibrio de poderes, y consecuentemente a los organismos constitucionales autónomos, entre ellos, el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia, por constituir una garantía del Estado Constitucional y democrático”, exhortan los asociados en el comunicado.
Congreso frenó el caso JNJ
El último miércoles 8 de noviembre, el Pleno del Congreso tenía planeado debatir y votar el informe final de la Comisión de Justicia que propone remover a los consejeros de la JNJ por supuesta causa grave.
Ello pese a que Imelda Tumialán, María Zavala, Humberto de la Haza, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y Luz Tello Valcárcel obtuvieron una medida cautelar de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
En un inicio, los parlamentarios, incluido el presidente del Legislativo, rechazaron la disposición judicial, alegando que el Tribunal Constitucional le prohibió al Poder Judicial revisar los actos parlamentarios. Dicha afirmación es falsa.
Sin embargo, al iniciar el Pleno del último miércoles, Alejandro Soto informó que no se llevaría a cabo la votación del informe final por la inasistencia de la JNJ y que el caso se reprogramaría.
Además, Soto dio a conocer que el procurador público del Congreso apeló la decisión de la Tercera Sala Constitucional de Lima. El recurso impugnatorio del Parlamento será evaluado por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.
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