Javier González-Olaechea, nuevo canciller, es uno de los principales opositores del tratado ambiental, Acuerdo Escazú

Javier González Olaechea, recientemente designado como ministro de Relaciones Exteriores, el 7 de noviembre, tiene una posición firme que rechaza un tratado internacional ambiental importante para el Perú. Este es el Acuerdo de Escazú, el cual se basa en tres principios fundamentales para reducir la destrucción acelerada de la Amazonía peruana y proteger los derechos territoriales de comunidades indígenas, así como a sus defensores, más de 70 asesinados en los últimos cinco años en el Perú. El nuevo canciller envió al Congreso de la República un informe, en 2020, en favor de que el país no suscriba al pacto ambiental.

El entonces politólogo e internacionalista González Olaechea remitió un documento de 70 páginas al Parlamento para rechazar el Acuerdo de Escazú. Para él, es “insólito” que uno de los puntos del tratado ambiental sea que el Estado deba promover la participación de comunidades indígenas o asociaciones ambientales en “delegaciones oficiales de la Cancillería peruana cuando vaya al exterior a negociar en foros de asuntos medioambientales”.

Sobre este punto, el Acuerdo establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Es decir, la solución a los problemas ambientales y climáticos exige una visión común y la cooperación de todos, explica el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez, en su columna La Casa Común. El Acuerdo de Escazú: Aclaraciones necesarias.

Los tres derechos en los que se basa el tratado son los siguientes: “el derecho para acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños”, explica el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez, en su columna La Casa Común. El Acuerdo de Escazú: Aclaraciones necesarias.

El Perú firmó el Acuerdo el 27 de setiembre de 2018 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resalta Castro Sánchez. Sin embargo, casi dos años después, el Congreso de la República no ratificó el texto. Esto a pesar de que, en 2019, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y el entonces canciller Néstor Francisco Popolizio enviaron documento y propuesta que sustentaba la ratificación del tratado ambiental, incluyendo los informes favorables del conjunto de sectores.

Uno de los principales argumentos que difundió fue que actualmente “cualquier persona, agrupación o asociación puede participar en los procesos de ordenamiento territorial peruana, y en la legislación sobre medio ambiente”, por lo que no hay necesidad de ratificar el Acuerdo. Efectivamente, los criterios del Acuerdo de Escazú se encuentran en las leyes peruanas y en la Constitución Política del Perú. Este hecho “refuerza aún más la decisión de ratificación, en tanto que esta permitirá consolidar y garantizar que dichos criterios se implementen de manera efectiva en nuestro país”, sostiene Mariano Castro.

“Además, permitirá que se prioricen determinados aspectos que son fundamentales para garantizar la gobernanza ambiental, la reducción de los costos sociales de degradación ambiental, la competitividad y la solución jurídica y pacífica de las controversias ambientales (...). La dimensión ambiental debe formar parte de las regulaciones y estructuras de la administración pública, así como de los diversos planes, programas y estrategias estatales de cada uno de los sectores económicos y sociales”

Por otro lado, para el actual canciller, el Acuerdo de Escazú “es una aberración que produce un gran daño a la inversión para crear fuentes de trabajo” dijo en Rumbo Minero TV. Advirtió que con el tratado se pueden presentar recursos solicitando la paralización de actividades como la minería. Por lo contrario, el pacto promueve que proyectos extractivistas o infraestructura, que puedan afectar el medio ambiente y el territorio indígena, tengan un equilibrio social.

El Acuerdo impulsa conductas empresariales responsables que “permitirán fomentar un mejor clima de negocios, incentivar el crecimiento económico y el desarrollo de una actividad empresarial ambientalmente transparente y consciente de la necesidad de incluir las percepciones y opiniones de la ciudadanía en el diseño de su estrategia de negocio; por lo que están muy lejos de promover un impacto negativo sobre el desempeño de la economía nacional”, indica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, organismo que le recomendó al Gobierno peruano priorizar “la ratificación del Acuerdo de Escazú”.