Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), explicó detalles sobre la apelación que presentó la Procuraduría Pública del Congreso de la República, con el objetivo de revertir la medida cautelar en parte concedida a los miembros de la JNJ.
Como se sabe, los integrantes de la JNJ solicitaron una medida cautelar ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para frenar la investigación que la Comisión de Justicia del Parlamento inició para removerlos.
El martes 7 de noviembre el Poder Judicial admitió en parte la petición de los miembros de la JNJ, por lo que se suspendió de forma provisional las denuncias del Congreso hacia esta entidad, encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales.
Sin embargo, la Procuraduría Pública del Parlamento presentó una apelación este miércoles 8 de noviembre. Su objetivo es continuar las investigaciones hacia los miembros de la JNJ.
“Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hemos considerado desde un principio que se han afectado a nuestros derechos fundamentales. Entonces habiéndose producido esta medida cautelar, por supuesto que corresponde a todas las partes el acatamiento de la misma. Y como consecuencia de ese acatamiento, no se justificaba una presencia nuestra en el pleno del Congreso de la República”, explicó Aldo Vásquez en entrevista con RPP Noticias, cuando se le consultó sobre la ausencia de sus colegas en invitación que Congreso les hizo para este miércoles 8 de noviembre.
Producto de la apelación que presentó el Congreso ante la Corte Superior de Justicia de Lima, el próximo viernes 24 de noviembre se realizará una audiencia, en la que el procurador del Poder Legislativo explicará por qué el Parlamento considera injusta la medida cautelar aceptada en parte.
Vásquez explicó que, según los antecedentes de apelaciones presentadas en este fuero, las audiencias podrían durar algunos meses.
“Pero yo imagino que tratándose este de un tema de especial relevancia social y pública, que implica al Congreso de la República y a un órgano constitucional autónomo, como es la JNJ, seguramente habrá un pronunciamiento antes de fin de año o a inicios del próximo”, aseguró.
En otro momento, explicó que los miembros de la JNJ fundamentaron su pedido para que se frenen las investigaciones en su contra en el inciso 24, del artículo segundo, de la Constitución.
Vásquez comentó que en este apartado se indica que no se puede procesar por un acto que no se encuentra consignado en la ley. Como se sabe, el Parlamento los acusa de cometer una falta grave, pero en la Carta Magna no se especifica cuáles son las conductas que califican como tal.
“Y eso es lo que hemos invocado. Eso es también parte del debido proceso; la tipicidad es parte del debido proceso. Entonces hemos invocado ese argumento. Junto con otros argumentos la medida cautelar se declara fundada en parte. Es decir, no se acogen todos los pedidos”, precisó.
Cabe resaltar que los miembros de la JNJ culminarán su mandato el 6 de enero de 2025. Además de la denuncia del Congreso, ellos enfrentan otras denuncias constitucionales que podrían convertirse en acusaciones constitucionales.
Estos señalamientos se tramitaron al amparo del artículo 99 de la Constitución y a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Este grupo de trabajo puede elevar sus conclusiones a la Comisión Permanente, con el fin de que las aprueben. A su vez, los congresistas de esta comisión pueden acusar a los miembros de la JNJ ante el pleno del Parlamento.
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