“Exigimos al Congreso del Perú mayor presupuesto para atención integral de salud y remediación del ambiente. ¡La corrupción congresal nos contamina y nos mata!”, manifiesta la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. Esta asociación agrupa a representantes de las 13 principales regiones de país con mayor población contaminada con arsénico, plomo, petróleo y otras sustancias debido a la actividad extractiva no regulada. Estuvieron presentes la tarde del miércoles 8 de noviembre en el centro de Lima, en los exteriores del Poder Legislativo.
Los representantes de la región Cajamarca exigen justicia por el derrame de mercurio en Choropampa, ocasionado por la minera Yanacocha, que derramó más de 150 kilos del metal pesado en la comunidad. Este hecho sucedió hace más de dos décadas y ha sido considerado el mayor desastre de mercurio que afectó a cientos de personas en su salud. Los ríos de la zona continúan contaminados con los residuos tóxicos producto de la actividad minera, que extrae cobre y oro.
“No más muertes. Mayor presupuesto para Hualgayoc. Creación de laboratorio toxicológico”, se lee en los carteles de quienes se manifiestan. La población de Hualgayoc, provincia de Cajamarca, no recibe un seguimiento médico, pese a que la localidad concentra el 12% de todos los pasivos ambientales dejados por las actividades extractivas en el país, según revela un reportaje del medio Convoca.
También reclamaron por sus derechos de acceso a la salud los representantes de comunidades afectadas por metales tóxicos en Amazonas, Loreto, Lima Provincia (San Mateo), Junín, Callao, Pasco, Áncash y Puno. La agrupación reclamaba porque el Congreso de la República garantice presupuesto para implementación del Plan Especial Multisectorial (PEM), para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Han pasado dos años desde que se aprobó el PEM, pero la población continúa sin recibir atención especializada en toxicología.
Las representantes de Puno solicitan urgente “la reconstrucción de una planta de tratamiento de aguas ácidas para la cuenca Llallimayo. No más arsénico. Alto a la contaminación”. En cuanto a los representantes de la Amazonía, piden no más hidrocarburos en sus tierras. Mientras que en el Callao también necesitan de vigilancia ambiental y epidemiológica por alta concentración de cadmio y plomo.
Amnistía Internacional suscribió el pedido de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Tóxicos. Reconocen la lucha por el derecho a la salud y el medio ambiente sano en todo el Perú. Son más de 10 millones de peruanos afectados que beben agua con metales pesados por la actividad extractiva.
“Corrupción congresal nos contamina”
La Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos también se pronunció por el golpe a la justicia peruana que el Congreso pretende dar al querer inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y lo rechazan. “Afectados y afectadas por contaminación ambiental, también nos vemos perjudicados por esta dictadura congresal”, expresan. Para la agrupación, el Congreso está atentando con él equilibro de poderes.
Además, declaran que la corrupción está asociada a los delitos ambientales. “La corrupción congresal nos contamina. Por un Perú sin metales tóxicos. ¡Atención a la salud ya! ¡Presupuesto para el Plan Especial Multisectorial (PEM) ya!”, defienden los líderes.
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