Las consecuencias penales que recaerían sobre los congresistas si no acatan el fallo del PJ sobre la JNJ

El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy a partir de las 14:00 horas para discutir el informe final de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas “faltas graves” en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ayer se dio a conocer un fallo del Poder Judicial que paraliza este proceso.

En rigor, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió que la medida cautelar presentada por los integrantes de la JNJ sea declarada “fundada” y ordenó que se suspenda de manera inmediata la votación que se llevará a cabo esta tarde en la representación nacional.

“Se dispone suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia les formulara a los demandantes como parte del inicio de la investigación sumaria que le fuera encargada mediante la aprobación de la Moción de Orden del Día N° 7565 y todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma”, se lee en la resolución.

Adicionalmente, el fallo estableció que la decisión tendrá vigencia mientras aún no se resuelva la acción de amparo también presentada por la JNJ “sin perjuicio de las investigaciones o procedimientos parlamentarios que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro”. Como se recuerda, en este recurso de los magistrados se busca que se declare la nulidad de toda la investigación sumaria que se llevó a cabo en su contra.

A pesar de lo dispuesto desde el PJ, en el Parlamento insistirán con el proceso contra la JNJ. Ante este panorama, la situación de los congresistas podría agravarse respecto al ámbito penal de acuerdo a expertos consultado por Infobae Perú.

El abogado Roberto Pereira señaló que la reacción parlamentaria de no acatar el fallo que suspende el proceso contra la JNJ resulta “inédita” porque tradicionalmente se han respetado las decisiones judiciales así se haya discrepado de las mismas. Incluso, recordó el caso de la Megacomisión, liderada por el exlegislador Sergio Tejada, cuyo trabajo se vio paralizado tras declararse “fundado” una acción de amparo a favor del expresidente Alan García en el 2013.

A criterio del letrado, si los congresistas deciden sesionar esta tarde estarían incumpliendo una resolución del PJ que está tipificado como un delito en el artículo 368 del Código Penal, donde se califica como desobediencia a la autoridad.

“Los congresistas estarían incurriendo en esta figura penal con el agravante de que ya no están protegidos por la inmunidad y tampoco por la cuestión constitucional”, anotó Pereira. Agregó también que “no se requeriría una autorización del Congreso para poder perseguir ni procesar porque este es un delito común [el de desobediencia a la autoridad]”.

El asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) no descartó también que se pueda configurar el delito de flagrancia delictiva, por lo que los padres de la patria podrían ser detenidos en caso se emita alguna orden desde el Ministerio Público.

Pereira agregó que resulta clave el hecho que el Parlamento ya haya sido notificado del fallo del PJ, que dispone la suspensión del proceso contra la JNJ, porque así se demostrarían que están actuando de manera consciente y las posibles consecuencias que podrían haber.

“Espero que reflexionen porque, más allá de las responsabilidades penales, no le haría bien al país porque se daría un rompimiento una premisa del Estado de Derecho al no acatar las resoluciones judiciales. El Congreso debería ser el primero en respetar a pesar de no estar de acuerdo”, opinó.