La presidenta, Dina Boluarte, decidió nombrar ayer a Javier González-Olaechea como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Ana Cecilia Gervasi, quien renunció tras la frustrada reunión con el mandatario Joe Biden durante la I Cumbre de los líderes de la Alianza de la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) que se llevó a cabo la semana pasada en Estados Unidos.
Sobre González-Olaechea se conoce que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Cuenta con 44 años de experiencia en el sector público y privado. Ha sido asesor en los ministerios de Trabajo, Energía e Interior. Por esa razón, era muy común que los medios de comunicación ―escritos, televisión, radiales y digitales― le pidan sus opiniones de diversos temas.
Así, el diario El Comercio le publicó una columna el 23 de setiembre pasado cuyo titular es ‘Reformar o denunciar la CIDH’ a González-Olaechea. En el artículo, el nuevo canciller plantea que ante la imposibilidad de realizar una reforma al interior de esta entidad, entonces lo que mejor convendría para el Perú sería denunciar el Pacto de San José.
“Los países que adherimos al Pacto de San José hemos sido incapaces de subsanar los enormes vicios y pareciera hoy un imposible fáctico hacerlo por cuanto la promoción y defensa de los derechos humanos jamás se garantizan mediante su violación. Resultando indispensable erradicar el direccionamiento ideológico, toca emprender uno de dos caminos: o se batalla desde dentro para erradicar sus múltiples males –incluidas auditorías contables y de cumplimiento de normas éticas– o se denuncia el tratado”, escribió.
Para llegar a esa conclusión, el nuevo titular de Torre Tagle no tuvo reparo para cuestionar la falta de “imparcialidad” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La comisión y la corte frecuentemente persiguen a quienes defienden la democracia y el orden público, y premian a quienes los violan, terroristas o no”, criticó.
“Los actuados por la comisión y por la corte carecen –con inequívoca recurrencia– de imparcialidad. Sus argumentos políticos son revestidos de legalidad y sus miembros no pueden engendrar justicia alguna por cuanto abdicaron de la objetividad, razonabilidad, imparcialidad e independencia”, agregó.
No era la primera vez que González-Olaechea criticó al sistema interamericano. En mayo también criticó el informe de la CIDH sobre las muertes registradas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año que se dieron contra el gobierno de Boluarte, cuyo saldo dejó más de 60 muertos.
“El informe califica nuestra economía, pontifica sobre cómo debemos gobernarnos, cómo deben relacionarse nuestros poderes públicos, sobre qué debe o no legislar nuestro Congreso. Lo mismo hace con el Tribunal Constitucional. Si esto no es una inaceptable violación a nuestra soberanía política, ¿qué es? ¿Agüita de coco? No lo creo. Más bien es tinta rojiza desbordante del tintero de sus escribidores”, puso el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Ahora bien, la postura crítica del canciller González-Olaechea contra la CIDH y la Corte IDH coincide demasiado con los proyectos que el Acción Popular, el fujimorismo y Renovación Popular han presentado en el Congreso para salirnos de estas entidades.
Cerrar la frontera
De otro lado, un punto clave que el titular de Relaciones Exteriores tendrá que despejar es cómo va manejar las relaciones bilaterales con los países de la región. Especialmente, con Bolivia.
En una entrevista concedida al programa Rumbo Minero de Willax, González Olaechea dijo que se debía cerrar la frontera de Puno.
“Soy de la tesis de cerrar la frontera por un tiempo. Bolivia nos exporta violencia, nos manda ponchos rojos. Es uno de los actores externos que desestabiliza la democracia peruana”, indicó el 28 de enero de este año.
Sin embargo, el nuevo canciller también atacó a otras naciones. “Ahora se tiene nuevos actores internacionales como los presidentes de México, Colombia, Brasil y Argentina que tienen la desfachatez de declarar sobre cuestiones internas del Perú”, habló.
Las críticas de González-Olaechea se enmarcan en torno a la preocupación de la comunidad internacional por la violenta represión que el gobierno de Boluarte emprendió contra personas que salieron a manifestarse en Lima y las regiones del sur para solicitar su renuncia al cargo, cerrar el Parlamento, convocar a nuevas elecciones y la instalación de una Asamblea Constituyente entre diciembre del 2022 y enero pasado.
La pregunta que se cae de madura: ¿Persistirá en estas posiciones ahora que se encuentra en la Cancillería?
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